¿Por qué es la foto del día?
El fiscal Fernando Prieto ha pedido al Tribunal Supremo que confirme las condenas de todos los implicados en el caso ERE de Andalucía: "Todos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo", ha sostenido. A lo largo de varias horas de intervención, los dos fiscales han rebatido ante la sala de lo penal los argumentos que las defensas expusieron en el día previo para pedir la absolución de los encausados.
"Todo este sistema era prevaricador", ha dicho Rafael Escobar, el otro fiscal del caso. "Todos ellos posibilitaron la salida de los fondos públicos", ha expuesto. A juicio de la Fiscalía, todos los responsables políticos de la Junta de Andalucía y las consejerías implicadas, en especial Empleo, sabían del descontrol que existía en las ayudas y no hicieron nada por evitarlo.
"Nadie hizo ningún caso de los informes y todos eluden sus responsabilidades", ha dicho el fiscal antes de lanzar un reproche: "¿Alguien cree que esto es posible en una recta administración? ¿Qué mensaje transmitimos al ciudadano?".
"No son irregularidades, son patentes ilegalidades y esto es un quebranto claro a las arcas públicas", ha dicho el fiscal Prieto ante los abogados de los 19 condenados. Para la acusación pública, el sistema de ayudas que canalizó 679 millones de euros en ayudas a empresas entre 2000 y 2009 con dinero público de la Junta de Andalucía fue ilegal en todo momento: "Ni uno solo de los 270 expedientes cumplieron ni uno solo de los requisitos, no existió ni siquiera un procedimiento", ha dicho. "Con este sistema era imposible fiscalizar ningún expediente".
El sistema de ayudas, destaca la Fiscalía, era opaco y no permitía que otras posibles empresas que necesitaran el dinero pudieran acceder a él. Los expedientes se encontraban "en el limbo" y era "inviable" que otros peticionarios "pudieran acceder a las ayudas".
