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El Gobierno acudirá a la Justicia para frenar la implantación del pin parental allí donde VOX tiene capacidad de influir en la acción de gobierno, en comunidades como Murcia, Madrid o Andalucía.
El Ejecutivo considera que esta norma "socava" el derecho de los niños a ser educados y "censura la actuación de los centros docentes y su profesorado". La ministra de Educación Isabel Celaá se ha mostrado contundente: "No lo vamos a tolerar y este Ministerio acudirá a los tribunales en defensa de los derechos de todos".
Desde Moncloa consideran que la norma también "contraviene" la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales, así como las normas autonómicas LGTBI e incluso la propia Ley contra la Violencia de Género.
La norma del pin parental es una exigencia de VOX a PP y Ciudadanos para apoyar las cuentas en los gobiernos autonómicos de Murcia y Madrid, así como en Andalucía, comunidad donde se encuentra en fase embrionaria.
El funcionamiento es el siguiente: se avisaría a los padres de los menores sobre las charlas que se van a realizar, por ejemplo, con el objetivo de combatir la discriminación que sufren los menores LGTBI en las aulas o la violencia de género. Con ello, si el padre opina que su hijo no debe ser educado en contra de las citadas lacras, podrá excluir libremente a su hijo de los contenidos formativos.
En Murcia se está debatiendo formalmente su aprobación como tal, pero la norma se aplica 'de facto' después de que la Consejería de Educación haya ordenado "dar conocimiento a las familias sobre las actividades complementarias con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".
