¿Por qué es la foto del día?
Tras cuatro años de paz sindical en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, (EMT), los trabajadores de los autobuses urbanos han protagonizado dos protestas contra los recortes que está ejecutando el Gobierno de PP y Ciudadanos en esta materia.
"Almeida ha bloqueado las contrataciones y ascensos. También ha empezado a privatizar servicios", ha denunciado Raúl Lara, un trabajador de mantenimiento de 45 años, en declaraciones al diario El País.
El actual delegado del ramo, Borja Carabante, involucrado en la trama del 1% de Aguirre, también enfrentó varias huelgas de Metro cuando ostentaba un cargo similar en la Comunidad de Madrid. El problema entonces y ahora es el mismo: la falta de oferta, presuntamente planificada, con el objetivo de generar argumentos para privatizar los servicios de transporte. El propio Carabante no oculta su intención de ceder estos servicios a empresas privadas y habla de comenzar con la bicicleta pública y el servicio de teleférico.
El caso más reciente de privatización se ha producido con Naviluz, la red de transportes urbanos que recorren la iluminación navideña sobre todo para el disfrute de los más pequeños. Carmena devolvió este servicio a la EMT, ahorrando costes porque ya había autobuses propiedad del Consistorio. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha optado por guardar esos autobuses en la cochera y contratar a Alsa, sin concurso, para que opere con sus propios autobuses. Sí, mientras el Ayuntamiento guarda los propios.
Tanto Borja Carabante como el alcalde José Luis Martínez-Almeida han descrito las protestas como "políticas". Y han asegurado que no tienen intención de hablar con los representantes sindicales hasta que no pongan punto y final hasta las movilizaciones.
"Nos esperan cuatro años de lucha, compañeros, si este Ayuntamiento quiere atacar el transporte público", ha advertido Jaime Merinero, miembro del Comité de Empresa. Los trabajadores han acordado suspender las manifestaciones durante el resto de la Navidad, hasta el 6 de enero, con el objetivo de favorecer un marco de diálogo y que el Consistorio no se escude en la falta de disposición de los trabajadores.