La Ley de Cambio Climático obliga a los municipios españoles con más de 50.000 habitantes a poner en marcha las denominadas Zonas de Bajas Emisiones. Se trata de una normativa que pretende restringir el trágico a aquellos vehículos más contaminantes y que se irán extendiendo progresivamente este año.
Cada ZBE se irá revisando cada cuatro años con el objetivo de limitar la entrada, circulación y estacionamiento de algunos vehículos para mejorar la calidad del aire en función de determinados objetivos, según las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de restricciones que pueden abarcar toda la jornada o algunos días, así como aplicarse por intervalos o contemplar excepciones determinadas, por ejemplo, en función de la jornada laboral.
Estas zonas podrían diseñarse, además, de forma uniforme o concéntrica, en cuyo caso dependería de las exigencias de la zona, de forma creciente, generalmente también con entornos protegidos como colegios y hospitales. Además, se puede identificar cada ZBE con una misma señal que muestra las etiquetas de los vehículos que están autorizados o excluidos, puesto que en el futuro y a través de la plataforma digital de Tráfico, loa información se prevé que estará disponible en los navegadores del móvil o del coche.
En cuanto a los vehículos que podrán circular en este tipo de áreas, el Real Decreto de diciembre señala que se priorizará el acceso de los vehículos Cero emisiones y las prohibiciones arrancan en aquellos sin distintivo de la DGT, o con etiqueta A.
Serían, en poblaciones afectadas con la norma, hasta cuatro millones de vehículos. Sin embargo, se pueden introducir restricciones más severas, como en Madrid Central, donde se beneficia a los vehículos Eco y Cero. Los históricos, que tienen más de 30 años de antigüedad, pueden entrar de forma esporádica.
Etiquetas y multas
Aquellas personas que tengan dudas sobre la etiqueta de sus coches, pueden consultarla en la página web de la DGT. Tráfico no obliga a llevarla en un lugar visible, aunque hay algunas localidades que sí lo exigen, por lo que sí es recomendable. Se puede comprar en Correos y cuesta cinco euros.
Las multas por acceder a las zonas restringidas se imponen por parte de cada ayuntamiento, que controla los accesos mediante un sistema de lectura de matrícula, conectado a la base de datos de la DGT. Sin embargo, la ley de Movilidad Sostenible también abre la puerta a reforzar el papel de las ZBE con el establecimiento de peajes urbanos, que tendrán un coste similar al de un aparcamiento público.
En cuanto al precio de las sanciones, cada ayuntamiento puede fijarlas en función de su criterio, pero la norma general se fija en 200 euros, que fue introducida en la Ley de Tráfico, en vigor desde marzo de 2022. Si se recurre al pronto pago, renunciando de esta forma a posibles recursos, la multa se quedaría de esta forma en 100 euros.
