No existe democracia sin Estado, sin ciudadanía, sin ley. El pasado 6 de septiembre el Parlament inició su peculiar golpe de Estado con la aprobación de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad.
Además lo hicieron sin los debidos trámites parlamentarios y con la oposición de sus letrados y el secretario general. Esto supone una vulneración del propio reglamento del Parlament, del Estatut de cataluña y de la Constitución. Como dice la canción de Ricardo Arjona "cuando manda el orgullo, siempre reina la desgracia".
Yo apuesto por el derecho a decidir. Pero el de todos los ciudadanos españoles, sin excepción. Todos debemos poder decidir sobre nuestro futuro y el de nuestro país. Si el próximo 1-O se permite la consulta ilegal sobre el futuro de España, los independentistas habrán ganado al vulnerar el primer principio democrático: España es de todos los españoles.
Entre todos hemos conseguido una sociedad viva, con mucho que ofrecer. La igualdad nos permite a cada uno desarrollar nuestra vida en libertad, independientemente de nuestras opiniones. Si nos amputan parte de nuestra comunidad por intereses nacionalistas todos sufriríamos las terribles consecuencias.
No existe una tercera vía
El principal problema es que entre la ley y su incumplimiento no existe una tercera vía. Nuestro país necesita una serie de reformas profundas, que deben realizarse por los cauces democráticamente establecidos.
Es prioritario modificar nuestras normas para poder garantizar una financiación justa y para eliminar los privilegios fiscales. Además el Gobierno debe recuperar competencias legislativas en Educación, Sanidad y Justicia.
En definitiva, conseguir que todos los ciudadanos tengamos el mismo acceso a los servicios públicos. Sin importar nuestro lugar de residencia u origen.
Poniendo solución a estas cuestiones, podremos resolver los principales problemas que más afectan a nuestro día a día: los desahucios, la desigualdad, las bajas pensiones, el paro o la corrupción política.
Es urgente suspender cualquier financiación a Cataluña mientras no se garantice la lealtad y la democracia. Es de sentido común que los españoles dejemos de costear la independencia. Tenemos en nuestra mano la fuerza de la justicia y de la democracia, y los mecanismos legales para actuar, como el artículo 155 de nuestra Constitución.
Nuestra obligación es apoyar públicamente a nuestros conciudadanos. Ellos han reunido el valor para alzar la voz y decir "no quiero dejar de ser español" y por eso nuestro deber es responderles diciendo "yo también soy catalán".
