VOX ha decretado una especie de estado de excepción en el seno del propio partido por el cual prohíbe a sus afiliados reunirse sin autorización previa. Podria pensarse que lo hacen porque la formación ultra está muy concienciada con la pandemia el coronavirus y quiere evitar posibles contagios, pero es que el recorte al derecho fundamental de reunión afecta incluso a la vía telemática.
Esta norma llega en pleno proceso electoral para renovar a los comités provinciales del partido, cuando las distintas candidaturas deben exponer sus propuestas y programas; y en medio de una creciente ola de críticas internas multiplicándose las denuncias de presuntas irregularidades.
Existen varios focos críticos dentro del partido de extrema derecha que acusan a las gestoras impuestas a dedo por la cúpula de utilizar los recursos y herramientas del partido en beneficio propio para perpetuarse. Hasta ocho candidaturas han presentado un recurso conjunto en el que denuncian múltiples irregularidades en las elecciones primarias en siete provincias: Barcelona, Murcia, Granada, Toledo, Sevilla, Alicante y Valencia.
De esta manera, con esta criticada medida impuesta por el Comité Electoral de VOX, pueden llegar a controlar las reuniones, la captación del voto y, en consecuencia, la perpetuación de las listas oficialistas.
La justificación de VOX
Desde la formación liderada por Santiago Abascal justifican que así se puede "coordinar oportunamente estos actos con la dirección de Comunicación nacional"; es decir, con el gabinete de prensa.
Esta decisión tiene su origen en una reunión que se celebró en un pub de Elche entre miembros de una lista que compite en Alicante. En caso de saltarse la prohibición, la candidatura en cuestión quedará expulsada inmediatamente del proceso electoral. En Elche, la candidatura reunida en el pub no ha sido descalificada, pero sí que ha suspendido toda su actividad de campaña.
Según el reglamento interno de VOX, el Comité Electoral tiene la prerrogativa de controlar el censo de afiliados y convocar reuniones utilizando las herramientas del partido a petición de las distintas candidaturas, pero no ampara decisiones tan drásticas que lesionan derechos fundamentales.
