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VOX exige vetar a las personas por el origen musulmán de sus países: ¿qué dice la Constitución?

La formación de extrema derecha intenta extender la sombra de la sospecha sobre toda la comunidad musulmana en pleno conflicto entre Israel y Hamás.

VOX exige vetar a las personas por el origen musulmán de sus países: ¿qué dice la Constitución?

VOX ha presentado una iniciativa que se debatirá en el Congreso de los Diputados para que las personas migrantes sean discriminadas en el sistema a su llegada a España, en el caso de proceder de países donde se profesa la religión musulmana.

La proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, en pleno conflicto entre Israel y Hamás, exige "suspender los expedientes de adquisición de la nacionalidad española, las autorizaciones de estancia y residencia y prohibir la entrada en España de inmigrantes procedentes de países de cultura islámica, en tanto no se pueda asegurar su correcta y pacífica integración en nuestro territorio".

La propuesta se puede tornar en anticonstitucional, si se atiende al artículo 14 de la Constitución de 1978, que defiende "el derecho a la igualdad y a la no discriminación con motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo o la religión". También el 16, que "garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades".

La formación de extrema derecha, sin embargo, extiende la mancha de la sospecha sobre toda una comunidad. A pesar de que el radicalismo solo representa a una secta muy minoritaria de la religión.

VOX y las personas de origen musulmán

La formación ha utilizado a lo largo de su trayectoria un discurso beligerante contra la comunidad musulmana, habitual en la derecha radical populista en Europa. Habituales fueron sus enfrentamientos entre su diputado en Ceuta, Carlos Verdejo y la representante del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDYC), Fátima Hamed, durante la pasada legislatura. En esta ciudad también han protagonizado movimientos como intentar acabar con la Pascua Musulmana del Sacrificio como festivo, en una localidad donde habita un 43% de musulmanes.

Otros casos son destacables, como una investigación abierta por la Fiscalía de Barcelona en febrero de 2021, como la publicación del vídeo 'Stop Islamización' que lanzó en febrero de 2021 en el marco de las elecciones catalanas, que fue denunciado por incitación al odio y que finalmente fue archivada por quedar amparado por la libertad de expresión.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, tampoco ha tenido problema en poner en la diana a las personas musulmanas en la red social X, antigua Twitter, con tuits de cortes xenófobos. La Fiscalía especializada en delitos de Odio abrió una investigación después de que atribuyera a una persona de origen magrebí el asesinato de una mujer en su tienda de la madrileña plaza de Tirso de Molina, al apreciar un posible delito de incitación al odio y violencia de carácter racista. El autor fue Jesús M., un hombre español de 58 años con un largo historial de antecedentes penales.

Mensajes políticos y contexto de discriminación

Los mensajes de la islamofobia tienen consecuencias sociales. Un estudio elaborado por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (Oberaxe) indicaba que la mayoría de personas musulmanas sienten que son rechazados por las ideas sobre su cultura, al considerar que son incompatibles con la cultura y valores occidentales (43,8%), especialmente el trato dado a las mujeres (34,6%) y la imagen de los musulmanes como violentos (34%).

Además, exponía que las principales manifestaciones de xenofobia que relatan los encuestados no musulmanes son los insultos, amenazas y otros ataques en redes sociales (29,7%). El 70% de los entrevistados y, en algunos casos más del 75%, piensa que a los españoles les molestaría algo o mucho la presencia de una mujer con velo en el lugar de trabajo, que una mujer musulmana compitiera para un empleo, o que personas musulmanas viviesen en su vecindario.

Además, siete de cada diez personas veían actitudes intolerantes en la policía (70%), mientras que el 65,7% lo percibe en los partidos políticos. Una discriminación que percibía menor entonces en los sindicatos, del 21,5%.

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