El caso de Lucía Pérez, una joven de tan sólo 16 años que fue violada, drogada y empalada, dio la vuelta al mundo por el acto machista que supone y por la brutalidad de los actos. Su cuerpo apareció en 2016 a las puertas de un hospital en Mar de Plata, Argentina.
El juicio, que comenzó en octubre de 2018, ha absuelto a los tres acusados de los delitos de abuso sexual y asesinato. Sólo dos de ellos han sido condenados por tenencia de estupefacientes y venta a un menor con ocho años de cárcel y una multa de 135.000 pesos argentinos (poco más de 3.000 euros). El tercero ha sido absuelto del cargo de encubrimiento de un delito. Los supuestos violadores y asesinos han quedado en simples traficantes debido a que los jueces alegan que Lucía consintió las relaciones.
El Tribunal dictamina que "los imputados no serán absueltos por una cuestión de duda sobre lo que hicieron, sino porque la prueba ha ofrecido claridad en torno a la inexistencia de un abuso sexual con acceso carnal y de una responsabilidad por la muerte de Lucía (...) Lucía, a pesar de su edad, tenía la capacidad suficiente como para decir no a las propuestas que le habían formulado sujetos a los que le había comprado droga".
Se abrirá una investigación contra la anterior fiscal del caso
La Justicia no se ha quedado ahí y abrirá una investigación a María Isabel Sánchez, exfiscal del caso, por un posible delito de "incumplimiento de los deberes del funcionario público". Puede parecer el mundo al revés, pero es la realidad: los supuestos agresores son absueltos y la defensora de la víctima será castigada.
"Nunca vi una conjunción de hechos tan aberrantes", afirmó Sánchez en una rueda de prensa días después del asesinato. Estas declaraciones ahora la podrían llevar a ser castigada: "Si la fiscal María Isabel Sánchez se hubiese desempeñado con compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad este proceso no habría generado en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar ni obligado a los operadores judiciales a dar explicaciones forzadas por algo que jamás sucedió como ella lo anunció".
Al parecer, incluso el padre de Lucía está de acuerdo en que la exfiscal no desempeñó bien su labor, pues es responsable de "arruinarle la Justicia" a su hija.
Los jueces aseguran que las palabras de Sánchez fueron muy erróneas, pues "no existen elementos probatorios que permitan señalar que Lucía se encontraba en una situación de subordinación o vulnerabilidad que le imposibilitaran consentir libre y voluntariamente una relación sexual, no habiéndose visto forzada ni física, ni moralmente a concurrir a la vivienda el día en que ocurrió su deceso".
La Justicia protege a los agresores y humilla a la víctima
Este caso, que provocó la manifestación de mujeres en Argentina, se ha comparado en numerosas ocasiones con los sucesos de los San Fermines en España por el similar proceso judicial. "Ocurre un poco lo que pasó con 'La Manada' en Pamplona: Lucía es una víctima culpable de lo que pasó y la Justicia reproduce esta idea y la argumenta", afirma Paula Rey, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
"¿En qué medida Lucía pudo dar el consentimiento en el estado en el que estaba?", se pregunta Paula Rey, quien ve una clara doble vara de medir a la hora de tratar a la víctima y a los verdugos. Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, mientras que en el proceso judicial no se reparó en narrar episodios de la vida privada de Lucía, a los agresores se les protegió mucho más, y esto no ha sido sólo culpa de la Justicia.
"Todos los estereotipos que reproducen estas sentencias todavía forman parte del imaginario social en España y Argentina", cree Rey. Aún así, a pesar de la terrible muerte de Lucía, su equipo no dejará de trabajar por las mujeres que cada vez se hacen más fuertes. Están dispuestas a luchar y gritar las veces que haga falta que los derechos de las mujeres también son derechos humanos.
