Imelda Cortez lleva sufriendo violaciones por parte de su padrastro casi la mitad de su vida, desde los 12 años. Ahora tiene 20 y hace dos tuvo a un bebé, fruto de las agresiones sexuales de su violador septuagenario. El parto comenzó en una letrina de una de las las zonas rurales más marginales de El Salvador, San Miguel. Ahora está acusada de intento de asesinato por la justicia y se encuentra en prisión desde abril de 2017.
Su madre, tras encontrar a su hija ensangrentada y dolorida en el suelo, la llevó de urgencia al hospital con la esperanza de que la ayudaran. Sin embargo, a pesar de que el bebé nació sano y salvo, los médicos sospecharon de un intento de aborto y llamaron a las autoridades para alertarlas de sus cábalas. La joven declaró que no tenía idea de que estaba embarazada. El parto salió correctamente, pero tras ser acusada deasesinato por el presunto intento de aborto, se le negó una fianza y fue enviada a prisión apenas semanas después de dar a luz.
Mientras Cortez se encontraba recuperándose del parto en el hospital, su padrastro acudió para amenazarla si denunciaba sus abusos. Un paciente escuchó la conversación y avisó a una enfermera que llamó a la policía. La Fiscalía salvadoreña en un principio la acusó de inventarse los abusos para justificar su 'crimen', hasta que una prueba de ADN confirmó la paternidad del bebé , por lo que el verdadero criminal se encuentra ahora acusado de violación.
El Salvador, una legislación profundamente machista
El aborto se encuentra tipificado en el país centroamericano como delito, dentro del cuadro de asesinato. Por tanto, las penas que se contemplan por esta acción oscilan entre 8 y 40 años de prisión. Desde que la legislación se endureciera a finales de los años 90, se estima que más de una treintena de mujeres han pasado o siguen en la cárcel por 'delitos' relacionados con el aborto.
Al igual que Cortez, la mayoría son mujeres de bajos recursos y de zonas rurales, víctimas de complicaciones como abortos espontáneos o partos con fetos muertos. Mientras tanto, la abogada de Cortez, Alejandra Romero, lamenta la situación de su clienta, la cual está siendo "tratada como una criminal, no como una víctima de violencia sexual".
Se reaviva el debate sobre el aborto
Independientemente del veredicto de la justicia, la pena a la que se enfrenta ha reavivado el debate sobre la prohibición total en todos los casos del aborto en El Salvador. En 2017, un grupo de expertos de la ONU solicitó a las autoridades la revisión del código penal en relación a la violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Dicha nación, junto a Nicaragua, República Dominicana, Malta y el Vaticano, forman el conjunto de países con la criminalización del aborto más dura del mundo. Desde el fin de la Guerra Civil de El Salvador en 1992, grupos políticos ultraconservadores, siguieron al pie de la letra el discurso del entonces Papa Juan Pablo II, que calificaba el aborto como una herramienta del 'primer mundo' para controlar la población de países pobres.
