José Manuel Villarejo, que actualmente se encuentra siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, fue el responsable durante muchos años de "un clan policial mafioso" que se lucraba a partir de la obtención de informaciones sensibles sobre los principales poderes del Estado. Su objetivo era tener controladas a las autoridades para garantizar su impunidad ante la Ley.
Villarejo fue agente encubierto de la policía contra el terrorismo, la corrupción o la independencia de Cataluña durante sus últimos 20 años de profesión. Como también trabajó como investigador privado, se introdujo en asuntos que no se antojan del todo lícitos y grabó una infinidad de conversaciones en las que participaban personas de poder como políticos, periodistas o jueces. Dichas grabaciones, que estaban destinadas para el chantaje, se encuentran actualmente bajo la custodia de la Audiencia Nacional.
Guiado por el afán de enriquecerse, el comisario jubilado formó una compleja infraestructura empresarial especializada en el chantaje. Así mismo, la Fiscalía Anticorrupción lo describe de la siguiente manera: "Este clan mafioso tendría como finalidad primordial la obtención continuada de beneficios económicos, la obtención de influencia en el marco de la política nacional, o influencia sobre cargos públicos o personas que desempeñan su función en la esfera política, en los medios de comunicación [...] con la finalidad de obtener la impunidad de su actuación delictiva."
Dentro de sus negocios también se encontraban más comisarios, como Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y Carlos Salamanca, comisario jefe de Barajas. Ambos suministraban a Villarejo con informaciones y grabaciones de interés a cambio, por supuesto, de una compensación monetaria. Precisamente fue uno de los clientes que le acercó Salamanca, el empresario Francisco Menéndez, el que confesó a los fiscales la existencia de la organización ilegal.
El Ministerio del Interior le protegió
Pese a la llegada de sus actividades ilícitas a manos de la Justicia, según el diario El País, el Ministerio del Interior intentó protegerle. Cuando hace cuatro años se destapara su entramado empresarial y la Unidad de Asuntos Internos de la policía lo denunciara ante el juez, los jefes del Ministerio emitieron un informe exculpatorio con respecto a sus actividades. La reacción política deja entrever la cantidad de información comprometida sobre los poderes del Estado que manejaba Villarejo.
Según amenaza actualmente el excomisario, las informaciones que se manejan en sus grabaciones ponen en riesgo la seguridad del Estado. Su exsocio García Castaño coincide con él y ha pedido declarar otra vez en la Audiencia Nacional para hablar de dichos asuntos confidenciales.
