La jueza Carmen Rodríguez-Medel, la encargada de investigar el Caso Máster, ha ordenado el archivo para todos los imputados. Los estudios de los alumnos VIP no tendrán ninguna penalización: tan solo se continuará investigando por 'falsedad documental' el acta que la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, paseó por la Asamblea de Madrid y diversas redacciones. Junto a ella, también se mantienen en el centro de la diana los responsables del Intituto de Derecho Público y la funcionaria María Teresa Feito.
Sin embargo... ¿Qué ha llevado a la jueza a ordenar una acción de este tipo? Pues, en principio, resulta controvertido, ya que algunos imputados llegaron a reconocer que habían aprobado el título "sin ir a clase, trabajar o hacer exámenes".
Si nos remitimos al escrito de Medel, encontramos el único argumento: la aplicación del artículo 14 de la Constitución. Según el texto, "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Es decir, la magistrada mantiene que existe delito, pero considera injusta la resolución del Supremo, a quien ha afeado que "eleve notablemente" la exigencia de los delitos para el presidente del PP. La jueza no duda a la hora de razonar su decisión y llega a criticar que el nuevo listón que se pide para Casado hará "una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los juzgados de Instrucción".
La jueza considera que mantener la imputación al resto de implicados representaría un 'trato de favor' hacia Pablo Casado
Según Rodríguez-Medel, el Tribunal Supremo (aquel que decide en base al aforamiento de Casado), le está pidiendo unas pruebas "más propias de una sentencia condenatoria que de una investigación". Y, por ello, considera injusto continuar con un caso aplicando un rasero distinto al resto de los imputados mientras que el líder popular permanece apartado.
La Fiscalía reconoció delito pero pidió el archivo al Supremo
La deriva favorable del Caso Máster para Casado comenzó gracias a las peticiones de la Fiscalía. Según su escrito, el caso contra el líder del PP ya habría prescrito, por lo que no podría recibir una condena por los delitos de cochecho impropio y prevaricación administrativa. El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, se limitó a argumentar que no se puede "profundizar más en esta cuestión".
Instantes después, la Fiscala General del Estado, María José Segarra, salió al paso y apoyó la decisión de Navajas, aunque a renglón seguido, añadía reconocía que sí existen indicios de cohecho impropio.
Con todos estos datos, el Tribunal Supremo decidió archivar la causa separada contra Pablo Casado, argumentando que no aprecia acuerdo entre los profesores y Casado para su calificación y dejando a decisión de Carmen- Rodríguez-Medel en torno al futuro del resto de los imputados.
Los periodistas que destaparon el caso continúan imputados
El Caso Máster se cierra, pero el problema continúa para los dos periodistas imputados por destapar la polémica: el director de El Diario, Ignacio Escolar; así como la redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique.
Ambos se encuentran imputados por el delito de "descubrimiento de secretos". La Fiscalía asegura que no aprecia delito en la actuación de ambos, pero reconoce que tiene especial interés en conocer el origen de la información.
En el caso también se encuentra involucrado el profesor de la URJC Salvador Perelló, que fue señalado por el diario El Mundo como presunto filtrador de toda la documentación que terminó con la carrera de la política madrileña.
Cabe recurso contra todos los imputados a excepción de Pablo Casado
La decisión de la jueza puede ser recurrida tanto por la Fiscalía como por las partes personadas. Sería un recurso de reforma que debería estudiar la propia magistrada y que, en el caso de que no prosperase, se trasladaría a la Audiencia Provincial de Madrid.
Sin embargo, todo apunta a que el Caso Máster ya ha finalizado de manera definitiva. Mientras tanto, Cifuentes y la cúpula del Instituto de Derecho Público continúan imputados por 'falsedad documental' como consecuencia del acta presentada en la Asamblea de Madrid.
Si el caso prosperase, los imputados podrían enfrentarse a "una pena de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatroe meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años", según recoge la Ley Orgánica 10/1996. Es la única condena que podría derivarse de esta causa.
