En la última semana, los medios de comunicación de nuestro país han ido informando minuto a minuto sobre la lucha de Alejandro Fernández por lograr el indulto. Alejandro es el joven de Granada que, supuestamente, ha sido condenado a cinco años de prisión por hacer una compra de 79,20€ con una tarjeta falsa. Una condena que a muchos les ha parecido desorbitada.
Más de 330.000 personas han firmado una petición en change.org para lograr que se le conceda el indulto a este joven. El titular "condenado a cinco años de prisión por robar ochenta euros" ha corrido como la pólvora en los últimos días, llevando a la indignación de muchos. Sin embargo, la historia que hay detrás de este asunto es un tanto diferente.
La versión de Alejandro
Y es que la versión de Alejandro dista bastante de lo que la jueza firmó finalmente en su sentencia. Según él, en el año 2010, cuando tan solo tenía dieciocho años, cometió el error de comprar unas bebidas alcohólicas por valor de 79,20€ con una tarjeta "que no era suya". "Alejandro no sabía que esa tarjeta era falsa. Por ese error tendrá que entrar en prisión seis años después".
No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional, que más tarde ratificó por completo el Tribunal Supremo, no menciona en ningún momento el episodio de los ochenta euros, y condena al joven a una pena de cinco años de prisión por falsificación de tarjetas de crédito y estafa.
La sentencia
Según narra la sentencia, Alejandro y otros tres amigos suyos (que contaban con antecedentes penales por hurto y lesiones) consumaron dos compras por valor de 299 y 257 euros respectivamente con varias tarjetas de crédito falsas en el centro comercial Carrefour Alameda de Málaga. Cuando se disponían a realizar una tercera compra de 523 euros, la Policía logró sorprenderlos.
Alejandro y otros dos amigos huyeron del lugar, mientras que el tercero fue detenido en el momento de la estafa. Unos días más tarde, Fernández se entregó en la comisaría de Málaga junto con otro acompañante, aunque faltaba uno de ellos, Kamal, un nigeriano que a día de hoy continúa huido.
Cuando llegó el juicio, Alejandro y sus amigos declararon que el nigeriano desaparecido les utilizó en su momento con la idea de hacer numerosas compras a través de las tarjetas inauténticas que él poseía. No obstante, esta versión no logró sostenerse después de que Alejandro incurriera en alguna que otra contradicción y puesto que parte de su declaración resultó del todo inverosímil.
La sentencia es bastante severa en su narración, pues no cree en absoluto la versión de Alejandro. "Este desconocimiento inicial sobre el carácter falsario de las tarjetas no se sostiene en pie un solo instante. Si nunca había poseído, ni visto una tarjeta de crédito y de pronto se encuentra con que le entregan dos, a su nombre, con las que puede adquirir los efectos que le apetezcan, ¿cómo puede pensarse que todo esto era legal?".
El episodio de los ochenta euros no se prueba en ningún momento, aunque es la única compra de la que se hace responsable el protagonista de esta noticia, pues afirma no haber estado presente en la estafa del Carrefour Alameda de Málaga, aunque sí lo reconoció con anterioridad y ante la jueza Ángela Murillo Bordallo.
La Policía Nacional investigó a fondo qué había detrás de las tarjetas falsas incautadas durante la operación del Carrefour. En un registro policial se llegaron a intervenir seis tarjetas de memoria, un lector grabador de tarjetas magnéticas, un permiso de conducir y un pasaporte falsos que pertenecían al nigeriano, una plastificadora, una impresora, letras adhesivas, un talón y varias tarjetas de crédito falsificadas. En definitiva, numerosas pruebas que hicieron entender tanto a la Policía como a la jueza que el episodio del Carrefour no fue un hecho aislado.
Se trataba de una banda organizada dispuesta a continuar estafando en numerosas compras a través de falsificaciones realizadas por ellos mismos. Si bien es cierto que Alejandro pudo ser engañado por el nigeriano desaparecido, también lo es que la jueza lo debió considerar "cooperador necesario", pues tuvo que facilitar numerosos datos personales para la realización de las dos tarjetas de crédito que encontraron a su nombre (una de Caja España y otra de Caja Rural).
¿La reinserción social como fin de las penas?
En definitiva, el caso del "condenado a cinco años por 80 euros", es mucho más amplio de lo que parecía. Alejandro Fernández ingresó el pasado martes en el centro penitenciario de Albolote. La sentencia, que es firme, no da lugar al debate sobre la proporcionalidad en su condena, pues judicialmente está suficientemente justificada.
Sin embargo, existe otro debate todavía más importante que debe ser tomado en serio tanto por la ciudadanía como por el Gobierno. Alejandro es un joven de 24 años que, en su momento, no contaba con antecedentes penales y que, desde entonces, no ha vuelto a delinquir. En la actualidad, goza de un trabajo fijo y tiene personas a su cargo. ¿Realmente tiene sentido su ingreso en prisión?
El artículo 25.2 de la Constitución Española garantiza que el fin último de las penas será la consecución de la reinserción social del condenado. Si Alejandro cumple su condena, se admitirá que la pena sirve simplemente como castigo punitivo al hecho delictivo, pues el joven está ya reinsertado. Para personas como Alejandro resulta necesario poner en marcha aquellas medidas alternativas a la privación de libertad que nuestra legislación ya contempla.
