La Generalitat Valenciana ha matizado su última y polémica medida en cuanto a las incineraciones. En la primera versión de la orden, actualmente en fase de alegaciones, se contemplaba la prohibición de que los cadáveres de obesos mórbidos fueran incinerados, argumentando que su combustión generaba excesivas emisiones tóxicas que sobrepasaban el límite medioambiental establecido.
Pero tras la gran polémica desatada, la Generalitat ha reculado y aceptará la incineración de cadáveres de personas con obesidad mórbida. La directora general de Salud Pública, Ana María García, ha señalado que el borrador se modificará de acuerdo con las protestas y ajustándose a los objetivos, que son establecer las condiciones para la ubicación y funcionamiento de los hornos crematorios con el fin de proteger la salud de la población.
El proyecto de medida, publicado en la web de la Conselleria, también prohibe la incineración de cadáveres de las personas que hayan recibido tratamiento contra el cáncer mediante inserción de agujas radioactivas, para evitar mayores impactos negativos en la salud de la población. La medida también recoge prohibir la cremación de objetos metálicos o plásticos, que los hornos crematorios deberán estar en suelos de clasificación industrial y que en 200 metros a la redonda no hayan núcleos poblacionales.
Discriminación "post-mortem"
De no haber sido rectificada la medida, la Asociación Española de Personas Obesas (Asepo), se encontraba dispuesta a emprender medidas legales tal y como informó su presidente, Jesús Díaz, a La Razón, que se encuentra "indignado" por "esta discriminación bestial".
Ha afirmando al mismo diario que las personas obesas "ya estamos limitadas de por sí en nuestras funciones y en nuestra movilidad con el estigma que eso conlleva" como para que "la Generalitat pretenda que lo acarreemos hasta después de muertos". "Es la gota que ha colmado el vaso", añadió.
