El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la futura instalación, a finales de 2025, de cámaras equipadas con inteligencia artificial en varios puntos de la ciudad, incluyendo la vigilancia específica mediante el reconocimiento de matrículas.
En la calle Cullera se colocarán 18 de estas cámaras, mientras que en el Parque Calero se instalarán cinco. El número de cámaras para el Parque de Pradolongo aún está en proceso de definición, aunque deberá saberse a finales de este año 2024 cuando salga el contrato para su ejecución en los siguientes meses
El dilema ético
En la encrucijada entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos individuales, Madrid se encuentra inmersa en un debate crucial sobre la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en sus sistemas de vigilancia.
Esta iniciativa promete mejorar la eficacia de las fuerzas de seguridad al reducir las falsas alarmas y aumentar la capacidad de respuesta ante la delincuencia. Sin embargo, no está exenta de dilemas éticos que plantean serias interrogantes sobre el futuro de la privacidad y la equidad en la capital española.
Invasión a la privacidad
Una de las principales preocupaciones que emergen con la implementación de la IA en cámaras de seguridad es el riesgo de invasión a la privacidad. Si bien el objetivo declarado es fortalecer la seguridad pública, el alcance de la vigilancia podría extenderse más allá de los límites aceptables, vulnerando la esfera íntima de los ciudadanos.
La capacidad de la IA para analizar comportamientos, reconocer rostros e incluso predecir acciones plantea el escenario de un estado de vigilancia constante, que amenaza con socavar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Discriminación algorítmica
Otro dilema ético crucial es la posibilidad de discriminación algorítmica. La IA, aunque diseñada con la intención de ser imparcial, está sujeta a sesgos inherentes a los datos con los que se entrena.
En el contexto de la seguridad pública, esto podría traducirse en perfiles sospechosos basados en características como la raza, el género o la clase socioeconómica, exacerbando las disparidades ya existentes en el sistema de justicia.
Esta discriminación algorítmica no solo atenta contra los principios de igualdad ante la ley, sino que también puede profundizar las divisiones sociales y generar desconfianza hacia las instituciones.
¿Quién controla?
Además, surge la pregunta crucial sobre quién controlará y gestionará estos sistemas de IA, así como cómo se garantizará su uso ético y responsable.
La falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la información recopilada por las cámaras de seguridad podría abrir la puerta a abusos de poder y manipulación de datos.
Será fundamental establecer mecanismos de supervisión independientes y protocolos claros de uso que salvaguarden los derechos y libertades individuales.
Madrid sigue adelante
Dicho esto, en Madrid estas iniciativas se añaden a las realizadas en el mandato anterior, periodo en el cual se sumaron 111 cámaras. Esta cifra representa un tercio del total de cámaras manejadas por la Policía Municipal, que alcanza las 330 unidades en toda la ciudad.
"La videovigilancia constituye una herramienta fundamental de ayuda a la seguridad, facilitando las labores policiales de vigilancia y la detección de hechos delictivos. Contribuye a la disminución de incidentes en las zonas en las que se implantan y haciendo que el vecino y el visitante se sientan más seguros, mejorando la convivencia ciudadana", ha explicado Inma Sanz en declaraciones recogidas por el periódico El Mundo.
