Los siete miembros de los CDR continúan detenidos bajo una acusación de terrorismo y están ofreciendo algunas pinceladas en sus declaraciones ante la Justicia, aunque los datos se proporcionan en cuentagotas.
La última revelación parte de uno de los dos procesados que han reconocido parte de los hechos imputados, es decir, que se compró explosivo y se realizaron pruebas en una zona cercana a la vivienda en la que se encontraban.
Todo el grupo formaría parte de los ERT (Equipos de Respuesta Táctica de los CDR), contaban con manuales para fabricar explosivos (Goma-2), guías sobre cómo confeccionarlos y emplearlos, un arma corta, munición real y de fogueo y 170 dispositivos. Todos se encuentran procesados por los delitos de pertenencia a organización o grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para el delito de estragos. Además se encuentran en prisión preventiva por riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva, todos los supuestos posibles. La Justicia cree que solo se trata de la punta del iceberg de un movimiento más amplio y que está actuando al margen de los CDR iniciales.
La Guardia Civil detiene a 9 personas relacionadas con movimientos indepentistas catalanes que podrían estar preparados para llevar a cabo acciones violentas pic.twitter.com/Ov4FjnJyM9
— Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) September 23, 2019
Según su última comparecencia, los CDR tenían la intención de ocupar el Parlament "el día D", es decir, una fecha concreta relacionada con el aniversario del referédum del 1-O y la publicación de la sentencia del procés, que se espera durante la primera quincena del mes de octubre, según indican fuentes jurídicas al diario ABC. La ocupación habría durado, al menos, una semana y habría incluido otro tipo de acciones como cortes de carreteras. También contaban con herramientas para dificultar cualquier intentona de desalojo por parte de las autoridades del Gobierno central así como corte de comunicación.
El detenido ha señalado que iban a actuar con el aval del presidente de la Generalitat Quim Torra, que habría estado al tanto de los planes para encerrarse en el Parlament y habría dado su visto bueno. Precisamente, Torra ha comparecido varias veces desde las detenciones para apoyar a los procesados y pedir su liberación.
La escalada verbal de los últimos días, en los que Torra ha mostrado un discurso mucho más duro de cara a la publicación de la sentencia y el aniversario del referéndum, indican que el president podría estar planteándose valorando la vía de la desobediencia.
Habrían colaborado previamente con, al menos, un miembro del Govern
La Justicia también ha señalado que los detenidos habrían porporcionado la logística y soporte necesario a, al menos, un miembro del Govern en activo con el objetivo de reunirse con un enlace de los políticos fugados en Europa.
La citada reunión se habría producido el pasado otoño de 2018 y los procesados habrían colaborado en ofrecer medidas de seguridad. Actualmente, se encuentran fuera de España un total de siete miembros del exGovern implicado en el procés, entre ellos el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
Lo cierto es que, por el momento, los miembros del Govern en activo y en el extranjero se han negado a criticar la actuación de los procesados (dos de ellos ya han confesado parte de los delitos) y se han abonado a la teoría de un montaje policial. Las organizaciones independentistas (ANC y Òmnium) les consideran parte de la lista de los denominados "presos políticos".
