En 1971 James Tobin propuso en una conferencia en la Universidad de Princeton una tasa sobre las transacciones financieras. La idea sería el aplicar un tipo impositivo (él proponía un 0,5%) en el cambio de una moneda a otra para amortiguar las fluctuaciones en los tipos de cambio, con el objetivo de acabar con la especulación financiera y para dotar a los Estados de una herramienta con la que defender la economía nacional.
1 La tasa Tobin y su buena acogida
Esta tasa, conocida en adelante como tasa Tobin, tuvo una gran acogida entre los movimientos antiglobalización, así como entre diversas ONG y organizaciones que luchan por la igualdad social. Fruto de esta acogida es la revisión de la idea que se produjo por parte de estos grupos en los años siguientes: entre otras medidas, se proponía que el tipo impositivo se aplicase tanto en las transacciones sobre divisas como en cualquier otro tipo de transacciones financieras, con el objetivo de acabar con la especulación. Por otro lado, se proponía que ese porcentaje recaudado se destinase íntegramente a paliar la desigualdad social (cooperación internacional al desarrollo o fines sociales) o a controlar los efectos de las crisis financieras.
A pesar de que el premio Nobel James Tobin dijo que se había abusado de su nombre y de su idea, puesto que muchas de las posturas que se defienden en nombre de la tasa Tobin no guardan relación con lo que el profesor proponía en un primer término, no se puede negar que las diferentes versiones de la tasa han dado lugar a múltiples debates y propuestas.
2 El plan de la Unión Europea
El proyecto de instaurar la tasa Tobin hunde sus raíces en una propuesta hecha por Durao Barroso en 2011, cuando todavía era presidente de la Comisión Europea. A esta propuesta se unieron Francia y Alemania.
Dos años más tarde, en 2013, la Unión Europea continuó con esta idea proponiendo la instauración de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que gravaría con un 0,1% las transacciones financieras en general y un 0,01% las transacciones financieras en los mercados de derivados (productos financieros cuyo valor se basa en el precio de otro activo). A esta nueva propuesta se adhirieron Bélgica, España, Grecia, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia y Alemania.
Los motivos que alegaban eran, entre otros, garantizar que el sector financiero contribuyera de forma equitativa a los ingresos públicos y respaldar las medidas de regulación del mercado, animando al sector financiero a invertir en la economía real por encima de los productos financieros. Y es que fiscalmente el sector financiero en Europa tiene un trato de favor, puesto que sus operaciones están exentas de IVA.
A pesar de que en un principio se propuso que el dinero recaudado fuese a parar a un fondo para prevenir futuras crisis y no a paliar la desigualdad social, finalmente la propuesta recogía que el porcentaje fuese en parte a los presupuestos comunitarios y en parte al presupuesto de los países comunitarios. Según publicó uno de los mayores institutos de estudios económicos en Alemania, el Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), se estima que este impuesto recaudaría en torno a 37.000 millones de euros, de los que 5.000 millones irían a parar a España.
3 La tasa humanitaria que nunca llegó
Incluso aunque esta medida se quiso poner en marcha a principios de 2014, la tardanza de las negociaciones entre los países no ha hecho más que dilatar los tiempos en los que esta se pondría efectivamente en práctica.
Tras varios aplazamientos, la última reunión en la que se trató este asunto durante el año pasado el Ministro de Economía español Luis de Guindos afirmó que veía muy complicado que esta tasa se pusiese en marcha antes de 2017. Esto implicaría, en el caso de que se llevase finalmente a cabo, que la tasa se aplicaría con un retraso de tres años.
4 Los enemigos de este impuesto
No pocas son las voces que alertan de los problemas que esta tasa traería consigo. Por un lado, los lobbies económicos quieren acabar con una tasa que implicaría pagar impuestos, y para ello no dudan en enarbolar la bandera del crecimiento económico. Ya en 2015 la patronal europea Business Europe envió una carta a los ministros de Economía de toda Europa pidiendo el fin de las negociaciones para instaurar esta tasa, argumentando que esto podría suponer un peligro al crecimiento y a la inversión.
Por otro lado, la sociedad civil teme que esta tasa acabe recayendo exclusivamente en los pequeños inversores y en los ahorradores, en lugar de gravar los grandes movimientos especulativos de la banca.
A todo esto hay que sumarle el abandono en diciembre del año pasado de este proyecto por parte de Estonia. A pesar de que en principio los diez países restantes continúan con la negociación de este impuesto (en la que España ha pedido que no se graven los productos financieros derivados de deuda pública) y de que Pierre Moscovici, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, afirmase hace unos meses que el proyecto seguía adelante, parece que el principal problema por el que la tasa Tobin no sale adelante es el miedo a la deslocalización de las transacciones. Y es que si la tasa la implantan únicamente algunos países de la Unión, esto podría llevar a que las inversiones se dirigiesen hacia otros países sin este impuesto.
Por último, también hay voces que afirman que la tasa Tobin no tiene tanto poder recaudatorio como podría parecer. En agosto de 2012 Francia instauró una tasa que gravaba las transacciones financieras, pero en los primeros meses de instauración de este impuesto no se había recaudado ni el 20% de lo esperado. El caso de Suecia tampoco es muy halagüeño: en 1983 pusieron en marcha una tasa similar que hizo caer los bonos de Estado en un 98% por la deslocalización.
Sea como fuere, parece que la implantación de la tasa Tobin va para largo, pero también que sin la coordinación entre los países que apoyan la medida y la firme intención de gravar a los grandes especuladores, esta medida se quedará en nada.
