España está haciendo presión para prohibir el uso de la encriptación y permitir la posibilidad de rastrear los mensajes privados, fotos y vídeos de millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE). Un informe filtrado a la revista Wired revela las discusiones en privado de los países europeos en relación a una polémica ley que busca frenar la difusión de contenido ilegal en Internet, como el abuso sexual infantil.
Esta legislación propuesta por Bruselas busca otorgar a grandes empresas tecnológicas como Google, Meta o Microsoft el poder de rastrear todo el contenido que se comparte en sus plataformas en busca de actividades ilegales. Esto podría significar el fin de la encriptación que protege las comunicaciones en aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Signal. Aunque esta propuesta ha generado indignación entre expertos en tecnología, juristas y defensores de la privacidad, sigue avanzando.
El documento filtrado a Wired es una encuesta interna realizada por el Consejo de Europa, en la cual se solicita la opinión de una veintena de países miembros de la UE. Entre todas las posturas, la posición más radical proviene de España, ya que expresa que sería ideal prohibir legalmente a los proveedores de servicios con sede en la UE utilizar el cifrado de extremo a extremo.
Este tipo de cifrado, utilizado por muchas aplicaciones de mensajería instantánea, garantiza que solo el remitente y el receptor de un mensaje puedan leerlo, sin que nadie más pueda acceder a su contenido. Aunque la encriptación protege las comunicaciones de estafadores, también dificulta a las autoridades policiales en la búsqueda de contenido ilegal, como la pornografía infantil.
La ley en desarrollo pretende eliminar esta capa de protección para facilitar la detección de contenido ilegal, obligando a las empresas tecnológicas a escanear los mensajes, fotos y vídeos de sus usuarios utilizando software aprobado por la policía. Estos archivos se compararían posteriormente con las bases de datos gubernamentales que contienen material de abuso infantil para detectar coincidencias.
La postura de España
"Es imperativo que las autoridades policiales dispongan de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones legales, especialmente ahora que muchos delincuentes han migrado al mundo virtual", afirma la postura española. "Es fundamental tener acceso a los datos y tener la capacidad de analizarlos, independientemente de su volumen", expresan. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado en repetidas ocasiones a las comunicaciones encriptadas como una "amenaza".
Las posiciones en contra
Sin embargo, numerosas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que esta ley no solo violaría el derecho a la privacidad de los ciudadanos, sino que tampoco sería eficaz para combatir el abuso sexual infantil.
Un comunicado de la Electronic Frontier Foundation expresa: "La tecnología no funciona de manera efectiva. Implementar un sistema de 'espionaje en los bolsillos' es simplemente un error, incluso si se hace en nombre de la protección de los niños". Más de 118 organizaciones no gubernamentales europeas han firmado una carta en oposición a esta medida drástica.
