La llegada de cada vez más refugiados a la Unión Europea está provocando una gran crisis interna. Al incremento de la presión migratoria y las protestas de muchos países por lo que se conoce como la crisis de los refugiados, se le une la forma en que Europa está mostrando su cara menos amable. La cara que observa diariamente como miles de personas quedan atascadas en campos en los que no cuentan con los recursos más básicos, y en los que la única ayuda que reciben proviene de la sociedad civil.
En este contexto, y con el pacto de la vergüenza con Turquía, por el que se les proporciona dinero y visado a cambio de que se hagan cargo de los refugiados que molestan, parecía que esta situación no podía ir a peor. Que ya se había tocado suelo. Sin embargo, la Unión Europea acaba de anunciar penalizaciones para aquellos países que no pongan freno a la intención de los refugiados de buscar una vida mejor en Europa. O expresado en francés burocrático: la Unión Europea acaba de anunciar "incentivos negativos" para aquellos países que no "contengan los flujos migratorios".
Cómo abrir vías legales al freno de los que piden asilo
El nuevo plan de la Unión Europea consiste en limitar ayudas, ventajas comerciales u otro tipo de beneficios de índole económica a aquellos países que no frenen a los refugiados en su deseo de viajar a Europa o no les readmitan cuando sean repatriados. Tal y como se puede leer en el documento:
Se introducirá una combinación de incentivos positivos y negativos en las políticas comrciales y de ayuda al desarrollo de la UE para recompensar a aquellos países dispuestos a colaborar de manera eficaz con la UE en la gestión de la migración, así como para garantizar que haya consecuencias para aquellos que se niegan a hacerlo.
Al mismo tiempo se intentaría replicar en estos países -situados principalmente en África- el conocido como plan Juncker, utilizado para estimular la economía europea: es decir, se planea que las Administraciones provean de un presupuesto destinado a estimular la inversión privada en estos países. En principio, la Comisión propone destinar en torno a 3.100 millones de fondos comunitarios y se espera que cada miembro aporte una suma similar; es así como se intentará alcanzar un presupuesto de 62.000 millones de euros que se invertirán hasta 2020.
Ya hace unos meses, en noviembre de 2015, Bruselas quiso frenar la llegada de migrantes con un pacto que controlase el tránsito de personas desde África hacia la Unión Europea. Así, se puso en marcha una cumbre con los líderes políticos de 63 países africanos. Por un lado, estos líderes reclamaban vías legales para que sus ciudadanos pudiesen acceder a Europa; por otro lado, la Unión Europea ofrecía dinero a estos países para que controlasen la migración.
De esta forma, la Comisión financió este fondo con 1.800 millones de euros, e instó al resto de Estados a hacer lo mismo. Sin embargo, a día de hoy ese fondo ha recibido el 4,5% de lo que se esperaba: entre todos los países únicamente se ha sumado un total de 81,8 millones (3 de los cuales los ha puesto España).
El mero hecho de que a un único país, Turquía, se le hubiesen prometido 3.000 millones de euros (de los que quedan por pagar unos 136) y a toda África se le hubiesen dado poco más de 1.800 ya dio pie a ciertas críticas entre los líderes políticos africanos. Por otro lado, el hecho de que los Estados miembros hayan eludido el pago del fondo africano (Países Bajos es el país que más ha aportado, y únicamente ha añadido 15 millones) puede dar lugar a pensar que también podrían eludir el pago de este nuevo plan de la Comisión.
¿Dónde y cómo se pondrá en marcha este plan?
La mayoría de los países que más refugiados están acogiendo, y que por tanto podrían sufrir estos "incentivos negativos" al dejarlos marchar al Viejo Continente, se encuentran en el sur de Europa. Libia acoge a día de hoy a más de 230.000 migrantes, de los que muchos miles intentarán llegar a la Unión. Según el documento presentado en el Parlamento Europeo, es por esto por lo que la UE debería prestar más apoyo a los países que hagan "los mayores esfuerzos", pero sin evitar utilizar los incentivos negativos para asegurar "que haya consecuencias para aquellos que rehúsen" cooperar.
Así, se intentará poner en marcha este plan en el mayor número de estados posible, pero teniendo como prioridad Jordania, Líbano y Túnez, siendo los dos primeros países con un gran número de refugiados sirios en sus fronteras. Por otro lado, el documento también menciona a Níger, Nigeria, Senegal, Malí y Etiopía.
La idea es utilizar este nuevo enfoque de la política migratoria para firmar cualquier posible pacto con un tercer país. De hecho, el documento anima a no dejar ningún tipo de convenio fuera de este enfoque migratorio, y nombra específicamente los convenios sobre comercio. En concreto, nombra los acuerdos preferenciales que tiene la Unión con ciertos países en desarrollo, que hasta ahora se regían por otros parámetros, como los derechos de los trabajadores o el desarrollo sostenible. Así, la Comisión insiste en "aumentar la coherencia" entre las políticas de migración y las de desarrollo.
Con esta iniciativa, por tanto, la Unión Europea da sus primeros pasos en una política conservadora que vincula las ayudas a la cooperación internacional con la política de migración de los países receptores. Sin embargo, parece que a Europa no le molestan los refugiados cualificados: al mismo tiempo que ponía este plan en marcha, la Comisión también ha dado un empujón a la Tarjeta Azul, un documento que permite la residencia a aquellos migrantes altamente cualificados.
