Miriam Martín vive en el domicilio que le otorgó su divorcio con tres hijos a su cargo, una hija de 21 años y dos hijos menores de 11 y 15 años de edad. Debido a una enfermedad, la mujer vive con una minusvalía del 75% que la obliga a moverse con muletas o en silla de ruedas, la pensión que recibe de 1.000 euros al mes mantiene a su familia.
A principios del año 2020, su exmarido presentó una denuncia en los juzgados para cambiar las medidas de su divorcio, de manera que la casa donde reside la mujer y sus hijos sería devuelta al hombre una vez su hija en común fuera independiente, para ponerla a la venta.
No recibió aviso
Cuando se celebró el juicio, Miriam no se presentó y la jueza declaró una sentencia "en rebeldía", que ordenaba el lanzamiento de la mujer y sus hijos para el 1 de diciembre de 2022, firmada por la jueza y el denunciante, Luis.
El problema reside en que a Miriam no le llegó ninguna notificación de la denuncia ni de la celebración del juicio, por lo que no pudo alegar al caso. La sentencia fue creada solo con las informaciones de su exmarido sobre la situación de la familia, que se han podido confirmar como falsas.
Razones falsas
Luis alegó en contra de su exmujer para hacerse con el domicilio. Declaró que Miriam vivía con su nueva pareja y con su padre, además de que su hija en común ya estaba independizada con un trabajo que le permitía mantenerse. Por estas razones, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, la vivienda se otorgó a favor del padre, obligando a ser desalojada por los habitantes actuales.
Todas estas afirmaciones han sido comprobadas como falsas, ya que Miriam se encuentra viuda desde 2019, su padre sólo vivió con ella una temporada debido a una enfermedad, hace diez años, y su hija no es independiente ni tiene trabajo, sigue siendo estudiante.
Calvario jurídico
La mujer sólo se enteró de la situación cuando le llegó la sentencia que pretendía echarles de su domicilio. Tuvo que conseguir un abogado de oficio e informar al juzgado del fallo en la denuncia. Desde entonces está intentando paralizar el lanzamiento, ya que con su pensión no puede permitirse una nueva vivienda para su familia. También ha pedido ayuda a los servicios sociales, pero dice no haber servido de nada.
Su abogado está intentando conseguir la nulidad completa de la sentencia, debido a que Miriam no fue notificada en ningún momento y se encontró en una situación de indefensión. La sentencia también afectaba a la pensión de alimentos y manutención de su hija, retirándola por completo.
La mujer ya había tenido que demandar a su exmarido por el impago de esta, además de la hipoteca de la casa, que también recaía sobre él y de la que ha tenido que hacerse cargo en múltiples ocasiones.
