Una de cada tres personas que pidió ayuda para morir dignamente en España falleció antes de que se resolviese su solicitud de eutanasia. Según los datos del Informe de Evaluación Anual 2022 publicados por el Ministerio de Sanidad, el año pasado se registraron 576 solicitudes, de las que acabaron aceptándose la mitad, 288 personas.
Mientras tanto, en 2021, primer año de la aplicación de la Ley de Regulación de la Eutanasia, se contabilizaron 173 solicitudes y se admitieron 75, si bien hay que tener en cuenta que estas cifras corresponden al segundo semestre, ya que la normativa entró en vigor en junio.
Entidades como la asociación Derecho a Morir Dignamente llevan desde la puesta en marcha de la ley, en junio de 2021, alertando de las dificultades de algunas personas para que sus solicitudes se normalicen. Entre ellas destaca la objeción de conciencia, los plazos excesivos o las desigualdades entre comunidades autónomas.
La mayor parte de las personas que piden asistencia sanitaria para morir se encuentran en un rango de edad entre 60 y 80 años y padecen enfermedades graves de tipo neurológico y oncológico. El informe refleja que mientras el número de personas que cambian de opinión una vez solicitada la prestación es "mínimo", un tercio del 20% que se deniegan acaban estimándose favorables tras las reclamaciones ante las Comisiones de Garantía y Evaluación (CGE).
Legislación al respecto
Para iniciar este proceso, es necesaria la evaluación inicial de un médico responsable, de un segundo médico especialista en la dolencia del paciente, sin relación con él ni con el primer profesional, y el visto bueno de la CGE, formada por sanitarios y juristas de cada comunidad autónoma. Según la ley, en caso de que alguno de los sanitarios sea objetor de conciencia, debe remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo. Aunque la norma no fija plazos, en unas circunstancias adecuadas, el proceso debería terminar en torno al mes de iniciarse la solicitud.
La mayoría de los solicitantes reclamó la administración por parte del equipo sanitario y un 14% se acogió al programa de donación de órganos de acuerdo al protocolo específico establecido, por lo que 135 pacientes pudieron ser transplantados. Además, según datos de Sanidad, las prestaciones se han realizado de forma preferente en el ámbito de la Atención Primaria y de la sanidad pública.
El número de solicitudes denegadas fue inferior al 20%, aunque de ellas un tercio acabó siendo estimada tras las correspondientes reclamaciones ante las comisiones de garantías y evaluación de eutanasia (CGyE), órgano administrativo encargado de verificar el cumplimiento de la ley en su ámbito territorial, además de autorizar la aplicación de la prestación de ayuda a morir.
