La Unión Europea está estudiando la posibilidad de acabar con las constantes violaciones de derechos humanos que se suceden en Polonia a través de los fondos de reconstrucción tras la pandemia del coronavirus.
Para ello, Bruselas está analizando qué posibilidades existen para garantizar que el dinero no llegue a los territorios que han sido declarados como "regiones libres de personas LGTBI", siempre cuando esa discriminación pueda producirse, una restricción que se eliminaría si finalmente se respeta los derechos básicos de estas personas. Muchas de estas subvenciones, además, irían a parar a empresas que discriminan abiertamente y con el amparo del Gobierno a las personas LGTBI.
Bruselas también urge a aprobar nuevas "medidas que fomenten la igualdad y la no discriminación" de las personas LGTBI. Y que estas medidas, además, queden registradas en dociumentos oficiales.
La reivindicación llega en forma de misiva y está firmada por dos altos funcionarios europeos, Joost Korte y Marc Lemaître, que se ocupan del reparto de subvenciones entre estados miembro.
Objetivo: combatir las violaciones de derechos humanos
Los dos funcionarios que han impulsado esta iniciativa argumentan que la UE no puede destinar fondos a aquellos territorios donde se están produciendo violaciones de derechos humanos, sobre todo, cuando se trata de un estado miembro.
"Mientras ellos -los dirigentes polacos- disponen de fondos europeos, estas acciones -la declaración de zonas libres de personas LGTBI- provocan en algunos ciudadanos el temor a ser discriminados por las autoridades o a sufrir agresiones por parte de sus conciudadanos, o a perder el trabajo", argumenta el texto firmado por Korte y Lemaître.
Con esta iniciativa, la Comisión Europea abre un nuevo frente con el Gobierno de Polonia, regido actualmente por los ultracatólicos del partido Ley y Justicia (PiS en sus siglas en polaco). Se trata de una formación que comparte bancada con VOX en el Parlamento Europeo, a través del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos.
