La presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo final junto con los negociadores de la Eurocámara para proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos frente a las demandas manifiestamente infundadas o procesos judiciales abusivos.
El objetivo de esta norma es evitar demandas que pueden imponerse desde determinados grupos con el fin de intimidar y silenciar a las personas críticas con determinados poderes, imponiéndoles la carga económica asociada a la defensa jurídica hasta que abandonen sus críticas u oposición.
Las denominadas estrategias contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), se emplean contra periodistas y defensores de los derechos humanos, que también se extienden a personas que realizan actos de participación pública, como investigadores o académicos.
La directiva elaborada por la Unión Europea establece que las personas víctimas de litigios abusivos se beneficiarán de una serie de medidas de protección y garantías procesales en sus litigios. Si la demanda se considera manifiestamente infundada, el juez podrá desestimarla en la fase más temprana de su procedimiento. El tribunal debe acelerar las solicitudes.
Además, se podrá exigir una garantía financiera a la persona o empresa si se inicia un caso de SLAPP ante las costas procesales. Los tribunales pueden adoptar otros tipos de medidas correctivas, como que el demandante asuma todos los gastos del procedimiento, incluyendo los costes de representación legal de la demanda. El juez podrá decidir que la parte que inicie el litigio abusivo sea sancionada.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido la aprobación de esta nueva directiva: "Nuestras democracias están en peligro cuando los ricos y poderosos pueden silenciar a los críticos en los tribunales solo porque hablan sobre asuntos de interés público. Con esta nueva ley, la UE defiende a periodistas y defensores de los derechos humanos contra casos judiciales infundados y abusivos".
Países extracomunitarios
Si una persona vive fuera de la Unión Europea y sufren un caso relacionado en un país extracomunitario, los Estados miembro deberán denegar su reconocimiento y ejecución de la sentencia con motivo de dicha demanda si se considera manifiestamente infundada o abusiva. Este acuerdo se debe ratificar en el pleno de la Eurocámara y por los Gobiernos de los Veintisiete.
