El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, o TTIP, como es conocido por sus siglas en inglés, no ha sido un tema muy tratado en las pantallas de nuestros televisores. No ha abierto telediarios. Tampoco ha sido objeto de las asiduas tertulias que se oyen a diario en la radio. Ni ha sido portada de los periódicos tradicionales que, si acaso, han dedicado un par de noticias en el interior de la sección de economía, o en algún rincón de las páginas salmón. Sin embargo, el TTIP es un acuerdo que debería preocupar a todos los ciudadanos estadounidenses y europeos de a pie. No solo porque se están llevando a cabo una serie de negociaciones muy relevantes a nuestras espaldas, sino porque esas negociaciones involucran directamente a nuestros derechos como ciudadanos.
No obstante, solo los medios digitales y los movimientos ciudadanos están haciendo una cobertura completa del tratado o se están haciendo eco de lo que este supone. Pero, ¿qué supone exactamente la aprobación del TTIP?
1 ¿Qué es el TTIP?
El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión es un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea que persigue la creación de un mercado único entre ambos puntos geográficos. Teniendo en cuenta que se produciría la unión de dos de los mercados más grandes del planeta, nos encontraríamos con una única zona que sumaría un 60% del PIB mundial, un tercio del comercio internacional de bienes y servicios y 800 millones de potenciales consumidores.
Esto, en principio, podría parecer positivo, puesto que este mercado más integrado crearía un escenario mucho más favorable para el crecimiento económico, la inversión y el empleo a ambos lado del Océano Atlántico. Según algunos cálculos que la Comisión Europea ha publicitado en varias ocasiones, este tratado contribuiría a elevar el PIB por año de cada uno de los bloques en un 0,5% (119.000 millones de euros), así como a generar en los países industrializados más de 1,4 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, como veremos más adelante.
2 La desprotección frente al TTIP
Para comprender el alcance que tiene la implantación de este tratado, es necesario tener en cuenta que el TTIP descansa sobre tres pilares, que son las líneas fundamentales en las que se basa el acuerdo al completo: el acceso al mercado en las áreas de bienes, servicios e inversiones y contratación pública; la armonización de los aspectos regulatorios y de las barreras no arancelarias y por último, el acuerdo de una serie de normas específicas comunes.
En nombre del libre acceso al mercado se acabarán con todos los aranceles, pero también se esperan frenar todas aquellas medidas no arancelarias que se pongan en marcha y pongan limitaciones al comercio. Esto, por un lado, implica que los pequeños agricultores no van a poder competir en un mercado en el que se les deje completamente desprotegidos. Las grandes empresas y las multinacionales tendrán cada vez un trozo mayor de la tarta.
Por otro lado, las barreras no arancelarias son todas aquellas leyes, regulaciones o políticas que pone en marcha un país cuyo objetivo es restringir el comercio, sin poner en marcha un arancel (o impuesto a las importaciones). El obligatorio cumplimiento de una medida sanitaria que persiga asegurar la salud pública es una barrera no arancelaria, por ejemplo. También lo son las subvenciones para proteger un determinado sector productivo, las inspecciones rutinarias o las restricciones a las compras públicas.
Así, estos dos puntos podrían suponer, a su vez, un aumento del deterioro de la salud pública. Las normas europeas son más restrictivas en cultivos transgénicos, en el uso de hormonas de crecimiento o en la aplicación masiva de antibióticos en el ganado que la legislación norteamericana, donde las normas al respecto son más laxas.
En el campo de la sanidad, las grandes farmacéuticas son poderosos lobbies que presionan para aumentar los controles a los medicamentos genéricos mediante la obligación de volver a pasar un examen de calidad, lo que encarecería el precio de los mismos, con el evidente perjuicio al ciudadano.
3 El fin de los servicios públicos
Por otro lado, los servicios públicos pasarán a ser considerados elementos de consumo, y por tanto, servicios que se pueden mercantilizar. Según escribe Adoración Guamán en su libro 'TTIP. El asalto de las multinacionales a la democracia', tanto Estados Unidos como la Unión Europea han considerado la opción de suscribir una "lista negativa", en contraposición a las tradicionales "listas positivas" que se aprueban en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Estas "listas negativas" implican la liberalización de todos los sectores que no estén explícitamente integrados en las mismas. Por tanto, la prestación de cualquier servicio todavía hoy inexistente por parte del Estado podría quedar bloqueado.
Esto, además, se agrava con la "cláusula ratchet", que implica que una vez que se haya creado la lista, esta no puede volver a modificarse para introducir medidas más proteccionistas (seguir liberalizando e introduciendo servicios públicos en el mercado sí se puede) y que, una vez sacada una materia de la lista, el servicio en concreto no se puede volver a introducir.
De hecho, uno de los servicios públicos más comprometidos es el de la Justicia. Con el TTIP se quiere introducir la Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados, un instrumento que permite a los inversores denunciar al país que alberga sus inversiones sin que el país de origen del inversor tenga que intervenir. Este instrumento implica que las corporaciones puedan denunciar a los países en los que inviertes, pero ni los Estados ni la ciudadanía tienen un mecanismo para denunciar a estas corporaciones. Por otro lado, la experiencia que proviene de otros Tratados de Libre Comercio demuestra que estos tribunales suponen una protección de los intereses particulares frente al interés público. Muy sonado fue el caso que presentó Veolia contra Egipto ante el CIADI (organismo que depende del Banco Mundial) porque el Gobierno elevó en 31 euros el salario mínimo.
4 ¿Se llegará a aprobar el TTIP?
La negociación del TTIP se ha llevado a cabo de forma completamente reservada. Se llegó a dar el caso de que los eurodiputados que debían votarlo denunciaban que no habían tenido acceso al documento, o que les habían dado acceso con duras restricciones: solo tenían dos horas en las que, permanentemente vigilados por un funcionario, no podían grabar o fotografiar el documento. Tampoco escribir a mano.
Para que el TTIP entre en vigor, después de la ronda de negociaciones que se está llevando a cabo, la Comisión Europea lo presentará al Consejo de la Unión, donde se deberá aprobar por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población). Tras este visto bueno, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales deberán ratificarlo, sin que sea posible la introducción de ninguna enmienda.
Por supuesto, tampoco está prevista la organización de un referéndum ciudadano.
