Buscar
Usuario

Política

El TSJM abre diligencias contra la 'número 3' de Ayuso por delitos de corrupción

La ex alcaldesa de Arroyomolinos y actual Vicesecretaria de Organización, Ana Millán, se encuentra en una pieza del caso Púnica.

El TSJM abre diligencias contra la 'número 3' de Ayuso por delitos de corrupción

Se complica el horizonte en el PP de Madrid. A las investigaciones contra la pareja de Ayuso, Alberto González, investigado por dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil, ahora se suma la apertura de diligencias contra la 'número 3' de la formación.

Se trata de la ex alcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, situada en la cúspide del partido, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto diligencias por la presunta comisión de delitos de corrupción en la adjudicación de varios contratos presuntamente irregulares.

El juzgado envió a la Sala de lo Civil y Penal numerosa documentación para proceder a la apertura de diligencias de ordenación por el aforamiento de Millán. En un auto dictado el pasado 2 de agosto, el Alto Tribunal madrileño ordenó la apertura de diligencias, para las que designó al magistrado Francisco Goyena para su tramitación.

Ahora, se da traslado a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid para pronunciarse sobre la admisión de la causa contra la 'número 3' del PP de Madrid. Si se admitiera, habría ahora que nombrar un nuevo magistrado en materia de instrucción.

Atribución de cuatro delitos por varios contratos

Fue en junio cuando la jueza de Instrucción número 6 de Navalcarnero se inhibió a favor del TSJM por el aforamiento de la 'número 3' de Ayuso. En su escrito, dedujo que los investigados (Millán y un empresario) podrían ser "autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública".

Esta causa está derivada de una pieza de la trama Púnica, pero sin relación, que fue iniciada en octubre de 2020 aceptando la inhibición del Juzgado Central de Instrucción Número 6. La magistrada exponía una "series de circunstancias" que "vincularían a Ana Millán, en la época en que era concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y su entorno con Grupo Educativo, las cuales pudieran tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o con supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al citado grupo empresarial, dirigido por Francisco Roselló".

El caso se fundamenta en las diligencias "primero de carácter policial concretándose en los informes y diligencias llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa, en especial el Informe Final de fecha 8 de abril de 2024 y asimismo las diligencias judiciales acordadas con diversas declaraciones y documental recabada".

Dentro de la resolución se constataba la adjudicación de nueve contratos a "varias de las empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011", y se destaca, en base al testimonio de un auxiliar administrativo de su concejalía, "la diferencia de trato otorgado por la exconcejal en la contratación y en la forma de interactuar con Grupo Educativo, que habría sido distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su Concejalía".

"Se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a Ana Millán con Grupo Educativo y Francisco Roselló como el hecho de recibir pagos por un valor global de 51.104,67 euros", se detalla en el auto. Y continua: "El motivo de los mismos se fundamentaría en el pago del alquiler de un ático de Arroyomolinos, con opción a compra, por el valor de la hipoteca, la comunidad y los suministros. Durante este tiempo, Neverland Eventos habría realquilado el inmueble. Los mismos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2012".

Además, añade que la hermana de la ex concejal recibió "pagos por un valor global de 88.642,42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades", que habrían llegado entre 2008 y 2011.

A la pareja de la ex concejal se le imputan "rendimientos del trabajo y de actividades económicas" por un total de "37.578,04 euros de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas. Los últimos fueron abonados entre los ejercicios 2008 y 2011".

La jueza destaca la localización de multitud de ingresos "en efectivo de origen desconocido con inicio también en 2008", relacionando los mismos con una cantidad de 42.650 euros entre 2008 y 2014".

Artículos recomendados

Artículos relacionados
Contenidos que te pueden interesar