El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha imputado en la causa por rebelión a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; al expresident de la Generalitat, Artur Mas; a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá; a su portavoz, Anna Gabriel; a la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal; y a la presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas, Neus Lloveras i Massana.
Llarena toma esta decisión después de analizar el informe de la Guardia Civil que señala a Rovira, a Mas y a otras personas aún sin imputaro como quienes "diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano y quienes movilizaron los recursos humanos y materiales para ello".
En ese informe se relaciona a los integrantes del Comité Estratégico, un órgano creado para controlar el desarrollo del procés y cuyas reuniones se registraron en la agenda del número dos de Oriol Junqueras, Josep Jove, a quien se intervino también el documento Enfocats.
El Tribunal Supremo les ha notificado a todos la situación de investigados en un auto esta mañana aunque todavía no ha tomado la decisión de citarles a declarar. En su escrito, Llarena explica que las diligencias llevadas a cabo muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la AMI.
Hoja de ruta de Enfocats
Unas sospechas cuyo fundamento, según el juez, no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento " Enfocats", " sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge", como ya apuntaba el informe de la Guardia Civil.
De un lado, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para "idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep María Jové Lladó".
Llarena añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término", tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.
