El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a la Comunidad de Madrid por las condiciones de trabajo de sus sanitarios en la atención primaria y pediatría. La decisión avala la decisión de los tribunales madrileños, que establecieron que los derechos de integridad física y salud de los sanitarios estaban siendo vulnerados, tal y como publica El Diario. Además, rechaza que la Justicia pueda obligar a la Comunidad de Madrid a hacer un tipo concreto de evaluación de los riesgos.
La demanda partió del sindicato Asociación Primaria Se Mueve, que denunciaba la situación de la atención primaria y la pediatría en la Comunidad de Madrid en el sector público, desde 2018 hasta la actualidad. La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de marzo fue dura: "La Comunidad de Madrid vulnera los derechos de los médicos de atención primaria y pediatras en materia de integridad física y salud al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y evaluación de los riegos de sus puestos de trabajo".
La sentencia obligó, además, a elaborar un plan de prevención de riesgos laborales de los puestos de trabajo de los médicos de la atención primaria para, a continuación, obligar a la Comunidad de Madrid a fijar cupos, número máximo de pacientes por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno. También, que estos requisitos se cumplieran "con una plantilla acorde" y con "la cobertura de vacantes" correspondiente.
La decisión del Supremo desestima la condena que se pedía en la denuncia contra el Ministerio de Sanidad. Sus firmantes señalan que la sanidad seguía siendo competencia de la Comunidad de Madrid a pesar de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020.
Se rechaza, además, la petición de fijar unos ratios de pacientes o el tiempo que se debe dedicar a cada persona enferma, unas reivindicaciones de los sanitarios sobre las que la Comunidad de Madrid había presentado recurso.
Otras comunidades también han sido condenadas
No es la primera condena que se establece contra un gobierno autonómico por la situación de sus sanitarios en lo que llevamos de pandemia. En octubre de 2020 se estableció en la que se explicaba que "los sanitarios carecieron de medios de protección necesarios" durante la primera ola.
En diciembre de 2021, llegó otra contra el Gobierno vasco, en la que se reconocía la vulneración de derechos de sus sanitarios y ertzaintzas al entender que la actividad preventiva del ejecutivo autonómico no fue debida en plena crisis sanitaria.
Además, un juzgado de lo social de Alicante ha condenado a la Generalitat Valenciana a indemnizar a 150 sanitarios por el peligro al que se vieron sometidos durante la primera ola del coronavirus.
