Artur Mas no parece tener la justicia de su lado. Tras ser condenado él y otros altos cargos de la Generalitat por el Tribunal de Cuentas a pagar la cantidad de 5,3 millones como consecuencia de los gastos que supuso la consulta del 9 de noviembre de 2014, ahora parte del dinero que ha entregado será investigado.
El ex President y sus aliados tenían de plazo 15 días para depositar la cantidad solicitada. Fue entonces cuando Mas solicitó a los simpatizantes del procés que colaboraran económicamente pues él no disponía de la cantidad que le pedían. Una vez cumplido el plazo, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) aportaba 2,2 millones que salieron, supuestamente, de las donaciones de los colaboradores. Asimismo, Mas solicitaba otros 15 días para ingresar lo restante.
Un dinero de origen incierto
El Tribunal de Cuentas ha sido contundente en sus conclusiones. El órgano fiscalizador tiene indicios de que la ANC ha recibido subvenciones de la Generalitat mientras Mas gobernaba aún la comunidad autónoma. Es por ello que ha decidido abrir una línea de investigación para determinar la procedencia del dinero que ha ingresado a favor de los condenados.
Por otro lado, las indagaciones pretenden determinar si la cantidad abonada ha sido declarada a Hacienda. Todas las donaciones están sujetas al pago de una parte proporcional de impuestos que contribuyan al mantenimiento de las arcas públicas del Estado con el objetivo de sufragar las partidas presupuestarias.
La ANC dispone de una cuenta en Caixa d'Enginyers en la que ha ido, supuestamente, recaudando todas las aportaciones de los simpatizantes que han atendido la llamada de Mas. Tras aspirar el plazo de 15 días dado por el órgano, la asociación liderada por Jordi Sánchez ingresaba 2,2 millones de los 5,3 que se solicitaban. El líder de la ANC se encuentra en prisión preventiva acusado por un presunto delito de sedición por la Audiencia Nacional junto a Jordi Cuixart, líder de Ómnium.
Tras este ingreso, Mas pedía una ampliación del plazo por la misma cantidad de días presentando un escrito ante el tribunal. En dicho documento, el ex President especificaba que la cantidad entregada respondía a sus obligaciones y a las de otros investigados, nombrando a sus ex consejeros Joana Ortega e Irene Rigau y obviando el nombre de Francesc Homs, ex vicepresidente y portavoz del Govern.
Este nuevo plazo solicitado por Mas será, probablemente, aceptado por el Tribunal de Cuentas debido a los precedentes con otras causas. En el caso de no abonar los 3,1 millones restantes, el órgano podrá embargar las cuentas y los bienes de todos aquellos investigados hasta alcanzar la cifra pertinente.
Una consulta ilegal
Entre las personas que han sido señaladas como responsables de colaborar con la celebración de la consulta del 9-N declarada inconstitucional, se encuentran el ex President Artur Mas, tres consejeros de su Gobierno, varios funcionarios públicos y supervisores.
El pago de la cantidad solicitada por el Tribunal de Cuentas es solidario entre todas las partes. Mas debe responder ante la cantidad solicitada de 5,3 millones. Sin embargo, en el caso de aspirar el plazo para abonarla, el órgano fiscalizador podrá investigar las cuentas de los otros responsables acusados pudiendo extraer la cantidad restante a los que dispongan de la misma. En el caso de no resultar suficiente, se procederá al embargo de bienes hasta cubrir el importe solicitado.
La consulta ilegal celebrada el 9-N fue posteriormente condenada por la justicia. El Tribunal de Cuentas requirió a todos sus colaboradores que devolvieran los 4,8 millones que fueron utilizados de las arcas públicas para llevarla a cabo. Asimismo, hasta 400.000 euros más fueron solicitados como concepto de intereses por todo el tiempo que ha pasado desde entonces.
