La Casa Real dejará de ser la excepción de las instituciones del Estado español que no estaba sometida al control de sus gastos. Por primera vez, el Gobierno ha aprobado un real decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de las cuentas de la Corona.
No es una ley ni un decreto ley porque ni el Ejecutivo, ni el principal partido de la oposición ni la Casa del Rey quieren que la discusión se traslade al Congreso y se convierta en un debate sobre monarquía o república. Es un real decreto, legislación de nivel inferior, que evita la necesidad de ser debatido y votado por los diputados.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado a conocer esta medida en la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras asistir al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el decreto. Todo esto sucede un día después de que Felipe VI decidiera desvelar su patrimonio personal, cifrado en 2,57 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas será el encargado de la fiscalización
El Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales y es el máximo órgano encargado de fiscalizar la contabilidad y la gestión económica del Estado, de sus instituciones y de otras entidades que reciben fondos públicos, como los partidos políticos.
Sin embargo, hasta ahora, el presupuesto de la Corona no estaba fiscalizado ni por este Tribunal ni por el Congreso. Bolaños ha informado de que en próximas fechas se va a aprobar un convenio entre el Tribunal de Cuentas y la Casa Real para sentar las bases de la auditoría externa. El objetivo, como ha informado Bolaños, será de verificar "la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera" de la jefatura del Estado.
El decreto se divide en tres grandes bloques. Por un lado, la transparencia en las contrataciones, seguido de la confianza que se empezará a tener por la Casa Real en el servicio público y finalizando con la transparencia de los bienes de la Corona.
Transparencia en las contrataciones
En primer lugar, en el bloque de transparencia, se establece que la institución deberá dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo. Aún así, se deberá respetar la autonomía presupuestaria de la que goza Felipe VI para decidir en qué gasta el dinero asignado a la Casa Real en los Presupuestos del Estado.
Bolaños ha aclarado además que la normativa recoge a todas las medidas en favor de la transparencia que Felipe VI ha aprobado desde su proclamación en junio de 2014 y que hasta ahora no tenían rango legal.
"Las cuentas serán auditadas por el Tribunal de Cuentas mediante una auditoría externa", que verificará la actividad económica y financiera de la institución y en qué gasta su presupuesto. Además anuncia que toda actividad económica deberá aparecer publicada en la página web y hecha pública para toda la ciudadanía
La eficiencia del servicio público
El segundo bloque trata el servicio público. Se tratarán los convenios de colaboración con la Abogacía del Estado para asesoramiento jurídico así como la apertura de la posibilidad de futuros acuerdos.
Bolaños repite que "se apuesta por la función pública", con la que algunos servicios se vincularán directamente a funcionarios del Estado sin pasar por las empresas privadas.
Por último, se da rango legal a la asistencia sanitaria de la Familia Real, que es prestada por la Guardia Real por un convenio del Ministerio de Defensa y ahora se incorpora al ordenamiento a través de este real decreto.
Los altos cargos deberán publicar su declaración de bienes
El personal de la Casa Real deberá velar por los intereses generales y por los principios de objetividad, austeridad, confidencialidad, protección al medio ambiente e igualdad.
Al inicio y fin del mandato de todos los altos cargos de la Casa, estos deberán publicar su declaración de bienes. Además, todos los regalos que reciba la Familia Real deberán ser inventariados, guardados y estudiados hasta determinar si se ceden a Patrimonio Nacional, se donan o se entregan a la Casa Real.
"Con esta norma, damos un paso muy importante y ponemos a la monarquía donde tiene que estar", ha subrayado Bolaños sobre el texto. El cambio legal se suma al anuncio del presidente del Gobierno a finales de 2020 en el que pretendía conseguir "una hoja de ruta de renovación de la monarquía" por la mala imagen de la Corona.
