El Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente sancionador al partido político VOX por una posible financiación irregular. Fuentes del organismo aseguran que la formación de extrema derecha ha podido cometer infracciones muy graves y continuadas en el tiempo al aceptar "miles de donaciones finalistas" prohibida por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 2007. La sanción propuesta es de más de 233.000 euros.
Irregularidad en las donaciones
El acuerdo de incoación del expediente refleja que el 17 de abril de 2019 -momento de pleno auge para el partido ultra- la formación de Santiago Abascal creó una recaudación a través de su página con el fin de poder reunir los 15.000 euros exigidos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para querellarse contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.
Según el organismo, son dos los momentos en los que VOX habría obtenido financiación irregularmente. El primero en el proceso contra Torra, cuando la extrema derecha alardeaba de haber conseguido 31.664,80 euros en solo cuatro horas.
Transcurridos unos meses, el 15 de julio, VOX lanzó una campaña de crowfunding cuyo lema, #AyudemosABorja, tenía como fin pagar la fianza de un joven malagueño condenado a dos años de prisión por asesinar a un ladrón al que persiguió y golpeó cuando huía después de robarle el bolso a una mujer en Fuengirola. Gracias a la iniciativa, la formación obtuvo 120.482,93 euros que pertenecían a cerca de 6.000 donantes.
A pesar de que el partido de extrema derecha obliga en su página web a aquellos que quieran aportar dinero a marcar una casilla habiendo comprendido el artículo 4 de la Financiación de Partidos, el Tribunal de Cuentas estima que no es suficiente el aviso al no dejar claro el concepto de donaciones de carácter irregular.
La versión de VOX, rechazada por el Tribunal
VOX defiende su postura alegando que la ley no prohíbe todas las donaciones finalistas, únicamente aquellas cuyo fin está fijado por el donante, quien tiene la posibilidad de condicionar la actividad del partido. No obstante, según el partido, esto no resulta condicionado por quien hace los donaciones cuando es la misma persona la que fija previamente la finalidad de las mismas.
Por otro lado, los ultras sostienen que, en el caso de la fianza del joven malagueño, éste era en todo momento el destinatario último de la donación y no el partido. Asimismo, el partido sostiene que es "un mero intermediario, una especie de gestor de un negocio ajeno, a título de propiedad, las cantidades donadas, pertenecían a Borja, siendo este el auténtico y único donatario".
Sin embargo, al Tribunal de Cuentas no le resultaron convincentes ninguna de las dos versiones. En primer lugar, el organismo sostiene que la ley prohíbe rotundamente donaciones finalistas en distintos apartados y por varias cuestiones que no se basan solamente en evitar que el donante imponga obligaciones a los partidos políticos.
En cuanto a las declaraciones de los de Abascal sobre el caso del joven malagueño, el TC remarca que los ingresos estaban hechos a la cuenta que tiene VOX para donaciones y que el montante aprovechó las ventajas fiscales de las donaciones a partidos. De hecho, VOX rechazó pagar el impuesto de sociedades, algo que no tendría por qué haber sucedido si se tratase de donaciones al joven.
Después de todo esto, el Tribunal de Cuentas finalmente ha aceptado la tercera alegación por parte de VOX, por la que se debe establecer una diferencia entre las donaciones realizadas por terceros a las que son llevadas a cabo por sus afiliados. De esta forma, se distingue entre aportaciones (ingresos de los miembros del partido) y donaciones (ingresos realizados por terceros).
Los motivos que fundamentan la decisión del órgano es que las primeras no se sujetan a unos requisitos que sí hacen las segundas. De ahí que en el total del montante solo se tengan en cuenta las cantidades llegadas a los afiliados, quedando la recolecta contra Torra en 10.563 euros y la recaudación por Borja en 91.662 euros.
Posibles rebajas
La multa que puede recibir VOX por un delito de financiación irregular es mayor a cualquiera de estas cantidades, ascendiendo a 233.324,22 euros. 50.000 euros, como lo mínimo previsto por la ley por la parte de Torra, y 183.324 por la de Borja.
Pese a esto, el partido de extrema derecha tiene la posibilidad de disminuir la cantidad a pagar- hasta un 40% del total- si se reconoce como responsable, evita recurrir y paga voluntariamente dentro del periodo de alegaciones.
