La Guardia Civil ha detenido a tres personas por abatir a un perro a disparos porque, según afirmaron, les "molestaba". Con esta acción, el Instituto Armado, da por finalizada la operación Malamute, dedicada exclusivamente a este asunto.
Las investigaciones se iniciaron cuando el dueño del animal denunció ante las autoridades que su perro había sido disparado en las cercanías de su vivienda. De hecho, el propietario aportó el parte veterinario de urgencia en el que se constataba esta lesión: una herida abierta en la parte rostral derecha del animal, con arrancamiento de piezas dentales, así como fractura del hueso y pérdida de tejido óseo y blando.
El can sufría una herida tan grave que los mismos servicios veterinarios que lo atendieron estimaron que ante la dificultosa e inviable reconstrucción quirúrgica de la zona, lo mejor era sacrificar al animal para evitarle un gran sufrimiento.
La investigación no tardó demasiado en determinar que el perro malherido apareció a pocos metros de la zona acotada. Un territorio usado normalmente para la caza y donde se encuentran sendos puestos fijos de espera para cacería del jabalí u otros animales. La Guardia Civil comenzó con la identificación del dueño del terreno y de las posibles personas que cuentan con la autorización debida para ejercer la caza.
El perro producía malestar a los cazadores
La Benemérita tras recoger las primeras declaraciones de los implicados en los hechos pudo averiguar las grandes discrepancias que existían entre el propietario del perro y los cazadores de susodicha zona; de hecho, estos ya habían avisado del malestar que producida el animal, ya que este se introducía de forma esporádica entre los puestos de espera provocando problemas a los cazadores.
Los cauces de la operación dictaminaron que tres socios del coto se encontraban en el lugar la noche que se produjeron los disparos al animal. Tras ser identificados y reuniendo todas las pruebas suficientes, la Guardia Civil tras su investigación les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.
Tras la nueva reforma del Código Penal, este tipo de delitos conllevan un castigo con penas de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
