La trama de voto por correo en Melilla ha levantado todo tipo de sospechas sobre las intenciones que esconde esta operación que busca modificar el resultado electoral en la ciudad autónoma de manera ilícita. Por el momento, se ha detenido, entre otros, a Mohamed Ahmed Al-Lal, número tres de Coalición por Melilla y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana en el Gobierno de la Ciudad.
Dicha trama partió de un hallazgo casual. En concreto, a partir de una serie de intervenciones telefónicas decretadas en la instrucción de otros delitos, entre los que se encuentran procedimientos abiertos por tráfico de drogas, según publica el diario El Mundo.
Hay procedimientos abiertos en tres juzgados de la Ciudad Autónoma por este caso, que están investigando de forma simultánea si se ha producido una compra fraudulenta y masiva de votos para el 28-M, en la que la solicitud del sufragio por correo llegó a alcanzar casi un 20% del censo, es decir, 11.002 votos.
La investigación policial comenzó hace aproximadamente mes y medio, a pesar de que la compra de votos no ha llegado a la opinión pública hasta la semana pasada. La investigación abierta por la juez Perles ha llevado a otros dos juzgados a hallar indicios de que se estaba tratando de sobornar a ciudadanos de Melilla para vender sus votos por cuantías que ascendían hasta los 200 euros en intervenciones telefónicas.
La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Melilla ha asumido la totalidad de las pesquisas por la compraventa de las papeletas para las elecciones del próximo domingo, ya que su juzgado fue el primero que abrió las diligencias relacionadas con el posible fraude electoral.
En este sentido, el artículo 146.1 de la Ley de Régimen Electoral recoge que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de veinticuatro meses quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención".
Compra de votos
No es la primera ocasión que el líder de la formación, Mustafá Aberchán, se ve sacudido por un escándalo de estas características. De hecho, está inhabilitado para ejercer cargo público desde febrero de 2021 después de que el Tribunal Supremo confirmase la condena de dos años de cárcel para él y el secretario general del PSOE de la Ciudad, Dionisio Muñoz Pérez, por un delito de falsedad y dos delitos electorales en las elecciones generales al Senado en 2008.
El Supremo señalaba que ambos partidos diseñaron un sistema que aprovechaba "las ventajas que ofrecía la normativa que ofrecía la emisión del voto por correo" y que en la compra fraudulenta de votos se prometía a los sobornados "que serían contratados en los planes de empleo con preferencia a otras personas, lo que constituía un importante estímulo dado el número de desempleados que hay en Melilla".
