"Las residencias de la Comunidad de Madrid en su práctica totalidad están todas medicalizadas (...). Se han medicalizado las que son públicas totalmente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, así como las privadas concertadas (...) que lo que hemos hecho es trasladar equipos médicos para proteger sobremanera a los mayores porque como estamos diciendo todos los días es la población más vulnerable. No solo la más vulnerable por la edad, también aquellas personas con patologías previas que pueden ser más jóvenes y que hayan tenido otras enfermedades graves".
Estas fueron las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunciaba en una entrevista en El País en marzo de 2020. Ya desde el apartamento de Kike Sarasola en el que estuvo confinada unas semanas.
Unas declaraciones que contrastan con la realidad que se vivía en las residencias donde 7.291 mayores murieron sin poder recibir asistencia sanitaria y reclamando, en muchos casos, a la Comunidad médicos, personal y material sanitario para poder hacer frente a la situación. Y es que la medicalización de residencias ha sido desmentida tanto por Amnistía Internacional como por el alto cargo que tenía esa labor encomendada.
El 2 de abril de 2020, durante una entrevista a la cadena SER, Ayuso dijo que el destino de las máquinas del primer avión llegado de China serían los hospitales. Añadió que solo en un futuro serían instalados en las residencias. Unas residencias que, según había indicado semanas atrás, ya estaban medicalizadas. "Todo el material que ahora ya hemos comprado para esta epidemia, que después no hará falta en los hospitales, quiero que sirva para medicalizar las residencias", dijo textualmente.
Los residentes enfermos deberían esperar a que los respiradores ya no los necesitaran en los hospitales, a los que no podían ser trasladados por mandato de la presidenta regional, para poder recibirlos en los centros de cuidados. ¿El resultado? Entre mediados de marzo y mediados de abril murieron casi el 90% de los fallecidos en geriátricos madrileños durante toda la pandemia.
A mediados de abril, el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ahora senador por Madrid, aseguró que las residencias ya estaban controladas. No obstante, el consejero Alberto Reyero, de Políticas Sociales, aseguraba después que las peticiones de auxilio lanzadas desde las residencias fueron ignoradas durante semanas por Escudero. "Medicalizar significa no una atención puntual de un médico o enfermero, sino que tiene que haber una atención mucho más profunda, que haya medios de los que ahora no dispone una residencia", indicaba unos meses después en Telemadrid cuando ya había dimitido.
Residencias no medicalizadas
Si se leen los informes que realizó la Policía Municipal de Madrid en las residencias de la capital, se certifica cómo no hubo tal medicalización. "Lo único obtenido hasta el momento es material donado; que no han recibido recursos humanos de apoyo de ningún tipo; que como materiales técnicos con carácter prioritario que necesita son vías, suero, jeringuillas, esterilizador", indica una inspección policial realizada el 2 de abril de 2020 en la Residencia Santa Genoveva Torres.
De hecho, en la Residencia de Mayores Pedro Justo Dorado, su director hacía constar en el acta de inspección que había "echado en falta apoyo institucional de la administración pública, la posibilidad de acceder a la compra de material, apoyo del centro médico de referencia, apoyo espiritual y el establecimiento de protocolos bien definidos y que no les genere contradicciones que les indujo a mucha confusión en el momento de máxima crisis".
El caso más visible es el que se vivió en la Residencia de Mayores Mirasierra. Hasta allí se desplazó la Policía Municipal de Madrid el 23 de abril de 2020. La residencia tenía entonces 131 residentes. "De los 69 fallecidos, 9 murieron en el hospital. Y el resto (60) fallecieron en la residencia provocado por la no admisión de derivaciones de dichos pacientes en el hospital de referencia (Hospital de la Paz)", explican los agentes que acudieron el centro).
Ni siquiera estar a 80 metros de la entrada de un hospital permitía ingresos. En la Residencia Geriasa, en la acera de enfrente del Hospital Gregorio Marañón, la Comunidad también impidió atender a ancianos. "Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos", indicaba la responsable de la residencia mientras la Policía resaltaba que carecieron "de los medios hospitalarios". "Quiere hacer constar que se encuentra todo el personal agotado físico y emocionalmente", se añade. En esta residencia, en la que había 122 mayores, fallecieron hasta la fecha 33 personas. 31 de ellos sin prueba Covid que no constaron en las listas oficiales que realizaba a diario la Comunidad de Madrid y que computaron en los 7.291 fallecidos en residencias.
El bulo de culpar a Pablo Iglesias
Mientras tanto la estrategia de Isabel Díaz Ayuso pasaba por culpar a Pablo Iglesias, por entonces vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, del desastre de las residencias asegurando que el líder morado "tenía el mando único", pero que había "mirado para otro lado".
Durante meses el gobierno de la conservadora defendió este bulo hasta que la evidencia acabó siendo abrumadora y hasta a ella misma en alguna que otra entrevista se le llegó a escapar que la competencia era suya.
Lo bueno de esta gente es que si los dejas hablar el tiempo suficiente se quitan la careta solos. Lo malo es que a sus votantes les da igual.https://t.co/2ldrDMSC7v
— Siberet (@SiberetSiberet) June 18, 2020
"Se iban a morir igual"
Este jueves 15 de febrero, durante la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Asamblea, el tema volvía al debate a raíz de la publicación de las actas policiales de aquellos días. Isabel Díaz Ayuso acusaba a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, de hablar "sin total humanidad" sobre las residencias y la situación que vivieron durante la pandemia y añadió que la gestión que hizo el Ejecutivo regional con respecto al Covid-19 le dio "una amplia mayoría y después una absoluta".
Bergerot afirmaba que los "protocolos de la vergüenza" condenaron a morir a "miles de mayores sin ir al hospital" y leía en el hemiciclo parte de las actas de la Policía Municipal de los primeros meses de la pandemia en la que se afirma que si se hubiera derivado "a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecidos".
"Responda, presidenta, si no hicieron nada mal, entonces es que lo volverían a hacer, pero no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos", cuestionaba Bergerot.
Ante ello, Ayuso sacaba pecho de gestión de la pandemia y recordaba a Bergerot que las primeras decisiones, las "más importantes", se hicieron "con todos delante, porque eso es democracia". "Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada", exponía.
"Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", concluía.
El 65% de los que acudieron a hospitales se salvaron
Lo cierto es que los datos de los que dispone tanto el Ministerio de Sanidad como la Comunidad de Madrid indican que gracias a la labor de los médicos se salvó al 65% de los residentes hospitalizados.
De hecho, había mayores que podían acudir a hospitales. Si alguien llamaba de una residencia a cualquier hospital pidiendo una ambulancia, solo podía ir si contaba la autorización del geriatra de enlace. Una cuestión que, con los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid impedía ir a la práctica totalidad de personas que vivían en las residencias. Con una excepción: los que tuvieran seguro privado contratado.
Si uno de los mayores tenía seguro privado podía llamar a una ambulancia privada y se le trasladaría a un hospital privado. Si carecías de seguro privado, el sistema impedía esa atención sanitaria.
