El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que el teléfono móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez fue infectado con el software Pegasus en mayo de 2021 y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en junio de 2021,.
Estas intrusiones en sus teléfonos móviles con el software de espionaje Pegasus se produjeron en pleno debate sobre los indultos a los presos independentistas y la llegada de Ghali a España. Bolaños, sin embargo, no vincula estos hechos con cuestiones internas: "Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo. Todas las intervenciones se producen por organismos estatales y con autorización judicial. No tenemos ninguna duda de que es una intervención externa", ha respondido. La alerta parte del Centro Critptológico Nacional y se trata de investigaciones por parte de países extranjeros.
"Estamos ante infecciones ilíticas y externas", ha remarcado Bolaños. Los dos informes del centro criptológico nacional se han puesto en conocimiento de la justicia para que inicie una investigación porque, según el Gobierno, el espionaje es "ilícito", ya que no había autorización judicial.
El Gobierno había convocado por sorpresa a las 07:00 horas la rueda de prensa y durante más de dos horas no habían trascendido más detalles sobre la cita. En la agenda de Moncloa no se encontraba este evento.
Varias intromisiones
La intromisión con Pegasus en el teléfono de Pedro Sánchez se produjo en dos ocasiones. En la primera, se produjo una extracción de 2,6 gigas de información y en la segunda, de 130 mesas. No bastante, el Gobierno desconoce qué tipo de información se ha obtenido, aunque el Ejecutivo asegura que el presidente no tiene cuestiones confidenciales en su teléfono.
Tampoco se descarta la posibilidad de que se hayan producido nuevos ataques a estos terminales, ni siquiera si hubo otros intentos fallidos. "No hay pruebas de que se haya producido ningún intrusión posterior a estas fechas", ha asegurado Bolaños, que ha recordado que existe constancia de que el software Pegasus se ha utilizado ilícitamente en 20 países y que ha afectado a Gobiernos, personalidades de la sociedad civil o informadores, entre otros. En el Gobierno se niega una brecha de seguridad ante la tardanza en conocer la brecha de seguridad del espionaje del presidente.
