El Gobierno español, tras el Consejo de Ministros celebrado en la mañana de ayer, advertía que trataría de paralizar la convocatoria de referéndum en Cataluña por todos los medios. La primera vía es a través del Tribunal Constitucional, ante el que el equipo de Rajoy presentó cuatro recursos.
El Tribunal Constitucional se reunió de manera extraordinaria en la tarde de ayer, jueves 7 de septiembre, para admitir a trámite todos los recursos presentados por el Gobierno español. Además, también admite la petición de apercibir a responsables del Gobierno catalán y funcionarios públicos sobre las consecuencias de facilitar y/o promover la celebración del 1-0.
1.000 cargos públicos advertidos de las consecuencias penales
Esta notificación detener "cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" la suspensión dictada por el TC. Contravenir esta solicitud acarrea consecuencias penales para los apercibidos. Será enviada a unos 1.000 cargos catalanes. Entre ellos se encuentra el Presidente de la Generalitat, Puigdemont, y su equipo; así como los miembros del Parlament. Además, también se notificará a las altas instancias de la policía catalana: Josep Lluis Trapero, jefe de los Mossos d'Esquadra, y Pere Soler i Campins, director general de la policía autonómica. Por último, los medios de comunicación autonómicos también son marcados a través de sus primeros responsables de la radio catalana y TV3.
Al Gobierno catalán, incluido el Carles Puigdemont y Presidenta del Parlamento, así como al Letrado Mayor, el secretario General del parlamento y los responsables del departamento de ediciones, se les comunica que la Ley de Referéndum ha quedado suspendida, por lo que deben paralizar todo el proceso de desarrollo posterior a su aprobación parlamentaria. Se solicita, también, la parálisis de cualquier trámite administrativo relacionado con la Sindicatura electoral de Cataluña para celebrar el referéndum.
Las notificaciones también llegarán al personal de la Sindicatura electoral para que paralice el proceso de administración del referéndum. Llama a abstenerse de "proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación y de la creación de ningún registro o fichero necesarios para la celebración del referéndum".
El proceso sigue adelante
El presidente Puigdemont ya se ha pronunciado sobre la noticia, afirmando en la televisión catalana que "no suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros, ningún tribunal, ni ningún órgano desprestigiado". Con la intención de continuar adelante con la consulta, y a falta de ver cómo se desarrollan los próximos 20 días hasta el 1 de octubre, Puigdemont afea la actitud del gobierno español, al que acusa de un "total menosprecio a la separación de poderes". La Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también se ha pronunciado al respecto, acusando al Gobierno central de una "obsesión constante por suspender la democracia".
