La Fiscalía ha ordenado que los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional requisen las urnas del Referéndum de autodeterminación y que impidan la celebración de la consulta separatista. La primera orden de la Fiscalía ha sido la de imputar a todos los alcaldes que cedan locales para la celebración del referéndum del 1-O.
El órgano judicial insta, por tanto, a la colaboración del Major Trapero a colaborar con las autoridades españolas en imponer esta decisión, un gesto que, de no cumplir, podría suponer su inhabilitación e imputación en diversos delitos penales. Finalmente ha decidido acatar la decisión de la Justicia.
Trapero se encuentra ahora en una posición muy delicada, puesto que si no colabora con la actual deriva del Govern, podría ver cómo es relevado de su cargo al frente del cuerpo de seguridad autonómico. Finalmente, el jefe de los Mossos ha decidido colaborar con las autoridades españolas.
La orden llega del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que ha instado a sus homólogos en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona a aplicar la norma de manera inmediata.
Los tres cuerpos de seguridad que actúan en Cataluña deberán de abrir atestados contra todos aquellos que colaboren en la celebración del Referéndum.
El Constitucional tumba la ley que regula el tránsito a la república catalana
El tribunal Constitucional ha paralizado este martes 12 de septiembre la aprobación de la ley de transición con la que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña preveía realizar el traspaso de poderes hacia una Cataluña independiente en el caso de que triunfase el referéndum.
El alto tribunal insta también a todos los implicados a cumplir con su "deber de impedir cualquier iniciativa" que permita cumplir con la ley de transitoriedad, por lo que todos los que colaboren con el procés se verán con problemas con la justicia.
La Ley fue aprobada el pasado jueves 7 de septiembre en pleno desafío soberanista por el Parlamento de Cataluña y prometía constituirse como una norma 'fundacional' de la República Catalana. La norma contó con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP que mantienen mayoría absoluta en el Parlamento, aunque no en votos.
Con esta suspensión el Constitucional continúa en la vía de combatir el desafío del Parlament a base de hacer cumplir la ley. Anteriormente se tomó la misma determinación con la ley que daba cobertura al referéndum, así como con los decretos de convocatoria y organización de la consulta de autodeterminación y otro acuerdo del Parlamento catalán en torno al nombramiento de una Sindicatura electoral.
El Gobierno, que está dejando todo la respuesta jurídica a los tribunales (también tiene competencia para imponer este tipo de decisiones), ha instado también al TC suspender la ley con la que el Govern autonómico quiere crear una Hacienda paralela e independiente de la española.
El Ejecutivo califica esta norma como la "mayor afrenta" que ha vivido el país durante el último período democráctico, con una ley que preveía crear una Constitución propia y convocar las primeras elecciones nacionales de una hipotética Cataluña independiente.
En la norma también se contempla la anmistía para todos aquellas personas que han sido procesadas por colaborar en el procés y que han incumplido la actual legislación vigente. El gobierno catalán, mientras tanto, continuará hacia adelante con sus propósitos.
