El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PP contra la ley del aborto y ha respaldado la constitucionalidad de la norma sobre la interrupción voluntaria del embarazo basada en el sistema de plazos aplicado en España desde 2010, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).
Con este proyecto de sentencia se respalda la legislación actual y se rechaza íntegramente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP hace doce años, que pretendía regresar a la ley de 1985, de supuestos.
El magistrado conservador, Enrique Arnaldo, ha renunciado a elaborar la nueva ponencia sobre esta sentencia, tarea que finalmente recaerá sobre la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que pertenece al sector progresista.
Divergencias sobre la ley
Arnaldo había proyectado un modelo de sentencia que avalaba el derecho al aborto en las primeras 14 semanas, pero introducía inconstitucionalidad en la forma en la que la mujer embarazada debe ser informada antes de tomar su decisión.
El magistrado conservador proponía declarar nulo el artículo 17.5 de la ley de 2010, porque recoge que se proporcionará la información por escrito y solo si ella lo solicita, también verbalmente. El ponente sostenía que la información debe ser verbal. La mayoría del tribunal considera que la información es innecesaria e incluso contraproducente la anulación del precepto, por los que debe avalarse la ley en su integridad.
Inmaculada Montalbán será la nueva ponente, aunque no habrá un plazo concreto para la presentación del nuevo proyecto de sentencia. El tribunal tiene como propósito aprobar el fallo lo antes posible, por lo que se espera que el nuevo borrador se presente a lo largo de este mes de febrero.
El Tribunal Constitucional había continuado con la deliberación sobre la ponencia de Arnaldo tras rechazar la víspera de las recusaciones presentadas contra cuatro magistrados. El órgano consideró que los cinco exdiputado del PP que cuestionaron la imparcialidad del presidente Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán, del sector progresista, no estaban legitimados para impedirlo.
El pasado martes ya habían rechazado también la abstención de la magistrada Concepción Espejel, del sector conservador, que había manifestado que sus opiniones previas sobre la ley objeto del recurso se habían producido en 2010, un plazo muy superior.
