Este último año se han promulgando desde varias comunidades distintas leyes que recogen medidas de igualdad y no discriminación por identidad sexual. Tan solo cuatro de las 17 comunidades autónomas siguen ancladas en una concepción arcaica de esta realidad: Asturias, regida por el socialista Javier Fernández junto con IU y Podemos; Cantabria, gobernada por Miguel Ángel Revilla en colaboración con el PSOE; Castilla y León, dirigida por el popular Juan Vicente Herrera; y La Rioja, con José Ignacio Ceniceros del Partido Popular a la cabeza.
Diversas asociaciones por los derechos LGTB llevan tiempo intentado que se elaboren leyes para reconocer esta realidad. En el caso de Castilla y León, diez organizaciones escribieron a finales de octubre un borrador con la intención de trasladarlo a las cortes autonómicas para que sea tramitado.
En estas cuatro comunidades hay un fuerte apoyo de diversos colectivos sociales, como es el caso de el sindicato CCOO en Asturias, aunque según denuncia Público, también existe el rechazo por otras otras organizaciones, ejemplarizado con el caso del PP riojano, que rechazó un proyecto de ley promovido por el PSOE.
Sin embargo, aunque el titular se centre en aquellas comunidades que aún se niegan a reconocer la realidad LGTB en sus territorios, lo cierto es que los progresos en esta materia han sido notables en el resto de comunidades. En las últimas legislaturas, 10 autonomías han aprobado medias para promover la igualdad y la no discriminación por razones de identidad sexual, como Navarra, País Vasco, Galicia, Canarias, Cataluña y Extremadura. Mientras, otras tres comunidades, Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha, han iniciado la carrera para situarse a la altura de sus compañeras.
Navarra y País Vasco, pioneros en derechos LGTB
Estas dos comunidades fueron las primeras del país en elaborar leyes para la igualdad LGTB, aunque en su mayoría se centraban en el tratamiento de la transexualidad.
La ley navarra data de 2009, cuando el Parlamento navarro aprobó la financiación pública del tratamiento de cambio de género. A pesar de ser pioneros en dicha materia, hay que añadir que el Parlamento Europeo llevaba veinte años instando a los países de la UE a incluir la reasignación sexual en los programas de financiación pública. Tres años más tarde, Euskadi aprobaba la misma medida.
A parte de la inclusión del cambio de sexo en la seguridad social, el Parlamento Europeo también pedía a los integrantes de la UE reconocer el derecho a cambiar el nombre en los documentos de identidad. En este tema aún existen ciertas lagunas, de hecho el Tribunal Constitucional ha solicitado al Supremo que decida si un menor transexual puede cambiar el nombre antes de los 18 o esperar a su mayoría de edad.
Extremadura, modelo para la igualdad
Aunque la comunidad extremeña iniciara los trámites más tarde que Galicia, Canarias o Cataluña, su modelo ha sido tomado como referencia para otras comunidades como Madrid, Balerares o Murcia, ya que incluye medidas como la formación de profesorado en materia LGTB, el derecho a que los niños sean llamados en clase por el nombre que prefieran, la posibilidad de que estos escojan el baño que prefieran en el colegio y medidas inclusivas en el deporte.
Aragón en vías de convertirse en ejemplo español
Los aragoneses han iniciado los trámites para sacar sus leyes adelante y según el texto de partida, puede convertirse en un ejemplo de tratamiento de identidad sexual. Este documento ha sido elaborado por la Mesa de la Transexualidad, formada por colectivos lésbicos, gays, trans y bisexuales.
Junto con esta ley, bautizada como De Transexualidad, se impulsa la ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por Razón de Orientación Sexual. Estas leyes prevén incluir en los planes de estudio de Primaria y Secundaria "asignaturas que sensibilicen en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, incluidos los concernientes a la identidad de género", según informa la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto.
Así mismo, incluye castigos para quienes atenten contra los derechos del colectivo LGTB, como la sanción de hasta 20.000 euros por la "reiteración en el uso o emisión de expresiones vejatorias por razón de identidad o expresión de género" en redes sociales.
