El Tribunal Supremo ha hecho pública las dos sentencias que rechazan los recursos presentados por PP y VOX contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. En estas resoluciones los jueces lanzan serios reproches a ambas formaciones políticas por por intentar ejercer una "acción popular de carácter político".
"Ni la jurisdicción contencioso-administrativa ni la Sala Tercera son el lugar adecuado para dirimir controversias de carácter político", rezan las sentencias, apuntando que hay otras vías para recurrir ese nombramiento. De esta forma los magistrados intentan evitar convertirse en una tercera cámara que corrija decisiones políticas.
El Supremo ni si quiera ha entrado a valorar la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y dedica más de veinte páginas a explicar las razones por las que ninguno de los dos partidos está legitimado para recurrir este nombramiento. La sentencia subraya que los partidos políticos no pueden ejercer una constante acción popular contra los actos del Gobierno.
Permitirles recurrir asuntos como el nombramiento de Delgado, lanza la sentencia, supondría "una legitimación universal para impugnar cualquier acto que tuviera naturaleza, incidencia o repercusión política" y eso "equivaldría a establecer, en definitiva, una acción popular de carácter político, ayuna de cobertura legal". El control al Gobierno, recuerda el Supremo, se ejerce a través de diputados y senadores pero no necesariamente a través de los tribunales.
Los jueces señalan que para que un partido político pueda impugnar una decisión, debe tener un "derecho o un interés legítimo", es decir, estar afectado directamente o demostrar que se han infringido derechos. En el caso del PP y de VOX contra el nombramiento de Delgado, las dos sentencias recogen que ambas formaciones se han limitado a decir que según su entender se ha transgredido la legalidad, pero "no han sabido explicar" qué ventaja lograrían, o qué perjuicio evitarían con sus recursos.
La discrepancia política, por tanto, no legitima a Vox y PP a llevar sus contiendas parlamentarias al Tribunal Supremo de manera indiscriminada. Dice el Supremo claramente que "no basta con que se discrepe de un acto, o se considere fundadamente que el mismo no es conforme a Derecho, para proceder a su impugnación ante los jueces y tribunales de nuestro orden jurisdiccional. Es necesario, además, que medie una concreta y determinada relación entre el sujeto que formula el recurso y el objeto del proceso".
Pagarán las costas
El rechazo de ambos recursos obliga a PP y VOX a pagar las costas, es decir, los gastos que ha generado el procedimiento. Cada partido debe abonar hasta un máximo de 4.000 euros cada uno por los recursos judiciales movilizados para resolver unos recursos que ni siquiera podían interponer.
