Libertad para los exconsellers y el vicepresident Oriol Junqueras. Esa será la decisión que tomará el Tribunal Supremo si los detenidos deciden imitar la denominada 'vía Forcadell'.
Para ello, tendrán que comprometerse ante el juez a acatar el artículo 155 y, sobre todo, a dejar de actuar en contra de las leyes y de la Constitución. También deberán de admitir que fueron partícipes en un proceso que conllev´o el incumplimiento de la ley.
Esta decisión ha llevado a que la presidenta del Parlament haya dejado de asistir, por ejemplo, a las manifestaciones convocadas por el entorno separatista.
Los abogados de los políticos ya han confirmado esta vía y han anunciado que su excarcelación podría materializarse en las próximas dos o tres semanas. Para ello, el juez debería de cambiar su condición a la de prisión bajo fianza.
La declaración de Forcadell fue fundamental para que los magistrados cambiasen la petición de la Fiscalía de prisión incondicional por una fianza de 150.000 euros. Gracias a ello, la expresidenta de la Cámara pudo abandonar la cárcel en tan solo 24 horas.
Si esto se produce, los exconsejeros saldrían antes de las elecciones del 21 de diciembre, lo que permtiría que pudieran hacer campaña de manera más efectiva y acudir a los actos electorales.
Sin embargo y al igual que Forcadell, deberían de abandonar la hoja de ruta que se ha impuesto hasta ahora en la Generalitat bajo riesgo de que la Justicia decida enviarlos nuevamente a prisión.
El Gobierno de Mariano Rajoy, así como el resto de formaciones constitucionalistas, apoyarían esta vía, ya que consideran imposible hacer una campaña efectiva cuando su oposición política se encuentra en la cárcel. Precisamente, La Moncloa ha estado presionando para que decretase prisión eludible bajo fianza, aunque finalmente no prosperó.
La situación de los exconsellers es complicada, ya que no cuentan con ningún apoyo fuera de nuestras fronteras. Ni por parte de los países extranjeros, ni por parte de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, que ha afirmado tajantemente que no son presos políticos por estar en la cárcel en base a la ley y no a su forma de pensar.
Mientras tanto, falta por ver qué sucedería con Puigdemont y sus exconsellers, que no correrían la misma suerte al no haber acudido a la citación en la Audiencia Nacional y cuyo riesgo de fuga es evidente al permanecer en Bruselas.
La Fiscalía belga está estudiando todavía la extradición de todos ellos hacia España (ya cuentan con medidas cautelares), por lo que todo parece apuntar a que harán campaña electoral desde el extranjero.
