La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado al marido de la infanta Cristina a una pena de cinco años y diez meses de cárcel, cinco meses menos de la que le impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017. Se confirma así la sentencia por Caso Nòos y convierte a Urdangarín en el primer pariente de la Familia Real en tener sobre sí una sentencia firma de prisión.
Será la Audiencia balear la que decida cuándo el cuñado del rey Felipe VI ingresa en la cárcel. No obstante, aún tiene en su mano pedir el indulto para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena y también podría recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, algo poco probable ya que este organismo no suele paralizar cumplimientos de condenas que rebasen los cinco años.
Iñaki Urdangarín ha sido citado por la Audiencia de Palma el próximo 13 de junio para comunicarle su decisión.
Rebaja de cinco meses
El recurso de Iñaki Urdangarín ha sido rechazado casi en su totalidad salvo en lo que se refuere a uno de los delitos de falsedad documental, por lo que se entiende que la condena se haya rebajado cinco meses pasando de seis años y tres meses a cinco años y diez meses de cárcel.
La falsedad de la que ha sido exculpado se refiere a un contrato de Nóos con la Fundación Illesport. En él, el gobierno de Jaume Matas, en 2003, le adjudicó 300.000 euros de fondos públicos. El Supremo no cuestiona los hechos, pero considera que se trató de una falsedad ideológica que no considera punible a efectos penales.
El resto de los delitos apreciados por las magistradas de Baleares y atribuidos al exjugador de balonmano han sido confirmados por la Sala Penal del Supremo: autor por cooperación necesaria de un delito continuado de prevaricación en conjunción con falsedad documental y malversación de fondos públicos; fraude a la Administración; tráfico de influencias y dos delitos fiscales por defraudar a Hacienda un total de 256.276 euros en los ejercicios de 2007 y 2008.
El Caso Nóos
Durante el verano de 2007, el nuevo presidente balear, el socialista Francesc Antich, descubre un desfase de más 50 millones de euros en la construcción del polideportivo 'Palma Arena'. Ante las sospechas de que su predecesor, Jaume Matas, pudiera haber desviado fondos públicos en este contrato, el nuevo presidente dejó todo en manos de la Justicia.
Las autoridades empezaron a 'tirar del hilo', hasta que descubrieron toda una trama detrás. En 2010 estalla el Caso Nóos, simplemente una pieza separada del caso anterior, pero de mayores dimensiones.
En todo este entramado, tiene especial relevancia el Instituto Nóos, una supuesta entidad con fines sociales y sin ánimo de lucro que había presidido Iñaki Urdangarín desde el año 2003 y que había sido fundada por su mano derecha, Diego Torres en 1999. Al parecer, la supuesta ONG estaba recibiendo contratos públicos amañados desde las administraciones valenciana, balear y madrileña.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, aparecía como vicepresidente y la propia infanta Cristina ejercía como vocal hasta la salida de su marido, en 2006, así como el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, estaba registrado como tesorero. Todo ello, para atribuir una imagen de mayor credibilidad a la institución.
Sin embargo, el juez instructor, José Castro, no comprendía cómo durante todos esos años, el Instituto Nóos había consegudio tantos fondos cuando se trataba de una institución sin ánimo de lucro.
Al parecer, Iñaki Urdangarín empleaba a Nóos como sociedad pantalla para conseguir numerosos contratos públicos sin tener que pasar por un concurso público. A partir del pago que recibía Nóos, el dinero se repartía a través de un entramado societario distribuido a través de varias empresas radicadas en paraísos fiscales y que servían para ocultar un dinero obtenido de manera ilícita.
Para todo ello, era fundamental el papel de Urdangarín, cuya vinculación con la Casa Real le permitía acceder de manera directa a todos los presidentes autonómicos, nivel en el que mejor funcionó la trama.
De dicha forma siguieron operando hasta que en 2006 se encuentra la primera evidencia: el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, descubre un pago de 1,2 millones al Instituto Nóos para un Foro de Turismo y Deporte celebrado durante tres días y sin apenas repercusión. Según relatan varios medios, este suceso provocó que la Casa Real presionase para que tanto Urdangarín como la Infanta abandonaran la sociedad, algo que el propio Urdangarín confesó en sede judicial. Sin embargo, Nóos continuó con las operaciones hasta el estallido real del caso.
Los exduques de Palma llegaron a cargar a Aizoon facturas de 6.000 euros por el catering de sushi del cumpleaños de la Infanta hasta un viaje a Mozambique en 2008. Junto a todo ello, botellas de vino por 1.300 euros o dos noches de hotel en Nueva York por 800 euros. Recordemos que Aizoon contaba con todo el dinero que ambos podrían haber obtenido ilícitamente de las Administraciones Públicas.
