Sumar ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Pode Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo que impulsaron una declaración contra la ley de amnistía antes incluso de que se conocieran los detalles de la misma.
El grupo parlamentario rosa acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces, caducado desde hace cinco años ante el bloqueo del PP, de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ.
Guilarte convocó pleno extraordinario el 6 de noviembre con la declaración institucional contra la ley de amnistía como único punto del orden del día. La votación salió adelante por nueve votos a cinco, con el apoyo de los vocales del sector conservador.
La querella se dirige a los ocho promotores del pleno, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona; así como a Wenceslao Olea, que no firmó la petición pero votó a favor. También apunta a Guilarte que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía.
Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.
El texto del CGPJ acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "confundir el interés de España" con su interés personal de "evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya" y afirmaba que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo es "manifiestamente incompatible con la alternancia política" y "rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho".
La formación de Yolanda Díaz pone de relieve que esa resolución "descalifica e imputa conductas gravísimas" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.
"Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", ahonda Sumar.
La querella acusa a los vocales promotores y a los firmantes del acuerdo de actuar "con sorprendente falta de rigor jurídico" al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconocían y cree que se posicionaron "claramente a favor de la postura defendida por un partido político".
"Han condicionado e influido en la opinión jurídica (dada su posición dentro del Poder Judicial) y en la pública, trasladando una interpretación de una ley inexistente cuyo contenido y forma ignoraban, que ni siquiera les corresponde realizar y contribuyendo a la polarización, acrecentado el conflicto social por las graves e injustificables descalificaciones que dirigen al Presidente del Gobierno en funciones", expone la denuncia.
