El president de la Generalitat ha respondido al requerimiento enviado por el Gobierno central para que aclarara si había declarado o no la independencia de Cataluña en el pleno del Parlament el pasado 10 de octubre. En la misiva, Carles Puigdemont evita responder pidiendo que acabe "la represión contra el pueblo catalán" y solicitando reuniones para abrir el diálogo.
La respuesta del Gobierno no ha hecho esperar. Por falta de claridad, el Ejecutivo no la considera válida, según ha explicado el Ministro de Justicia, Rafael Catalá. Durante la celebración de un acto de ministros iberoamericanos de Justicia, Catalá ha recordado que, además de preguntarle si había declarado la independencia, el presidente Mariano Rajoy le dio un segunda plazo, hasta el jueves, para que explicase las medidas que va a adoptar para recuperar el cumplimiento de sus obligaciones.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente también ha respondido desde el Foro de Navarra de Televisión afirmando sobre la situación en Cataluña que "la única manera de resolver probemas es mediante el diálogo, pero el único diálogo válido es el que se enmarca en la legalidad" y ha advertido que lo que no entra en la legalidad "sencillamente no merece ser llamado diálogo".
De cara al segundo plazo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido desde la Moncloa para valorar la respuesta al requerimiento de Mariano Rajoy de Carles Puigdemont afirmando que el presidente del Gobierno, que se ha trasladado a Galicia debido a los incendios que están arrasando la comunidad, ha respondido a la carta del catalán.
"El Gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar el requerimiento", ha empezado Sáenz de la Santamaría. "No era tan difícil responder sí o no, solo se le pedía y se le pide claridad", ha apostillado.
Tras esta respuesta, la vicepresidenta pone la mirada en el segundo plazo que concluye el jueves 19 a las diez de la mañana: "El requerimiento tenía dos plazos. Como ha eludido la respuesta, entra en marcha la segunda fase en la que entendemos que debe revocar esa declaración si sigue insistiendo en no contestar".
Puigdemont sigue teniendo en su mano resolver la situación, que conteste sí o no. Nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución
También se ha referido al famoso artículo 155 que podría hacerse efectivo si el president de la Generalitat sigue sin cambiar su postura. Sáenz de Santamaría ha hecho referencia a los "sectores más radicales que rodean al señor Puigdemont" considerando que lo que estos esperan es que le Gobierno explique cómo se va a aplicar el artículo para tensar la situación. Así, ha explicado la finalidad del 155: "No es para suspender el autogobierno, sino para restablecer la legalidad de autogobierno, el ejercicio de la autonomía de acuerdo a los parámetros constitucionales y estatutarios".
"El diálogo ha de hacerse dentro de la ley"
Uno de las peticiones que ha trasladado Carles Puigdemont en su respuesta al requerimiento es la apertura del diálogo para resolver la situación. A esto también se ha referido la vicepresidenta del Gobierno durante su comparecencia: "No resulta creíble para nadie que el president Puigdemont pida diálogo cuando se niega al mismo con la oposición en el Parlament, cuando ha venido imponiendo sus posiciones".
Consideramos que el señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, ser claro y volver a la legalidad
Soraya Sáenz de Santamaría no ha negado el diálogo pero ha subrayado que este ha de hacerse "dentro de la ley, con la máxima claridad y en el Congreso". "Pregonar el diálogo cuando se ignora a la oposición, cuando se hurta información a los ciudadanos y cuando se desoyen los llamamientos generalizados a la concordia es poco creíble", ha concluido.
La carta de Rajoy a Puigdemont
"Estimado President:
Lamento profundamente que haya decidido Ud., como Presidente de la Generalitat y como representante ordinario del Estado en Cataluña, no contestar el requerimiento remitido el pasado 11 de octubre y, por lo tanto, no aclarar el extremo de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña.
Esta es una aclaración absolutamente necesaria. No sólo el Gobierno de España, sino todos los catalanes, tienen derecho a saber con certeza si su declaración del 10 de octubre de 2017 ante el Pleno del Parlamento o la firma posterior de un documento redactado en términos inequívocos, implican la declaración de independencia, al margen de que ésta se encuentre o no en vigor.
Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del citado requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere. Prolongar esta situación de incertidumbre solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Cataluña.
Ciertamente, el requerimiento que yo le envié supone el paso previo al procedimiento establecido en el art. 155 de la Constitución que, en contra de lo que usted afirma, no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía. Pero, ante todo, el requerimiento es una oportunidad para reconducir el grave deterioro de la convivencia que se vive en Cataluña, para que la Generalitat vuelva a la ley y, a partir de ahí, se recupere la normalidad institucional entre administraciones. La vuelta de la legalidad, previa para cualquier diálogo democrático, se refiere al orden constitucional pero también al Estatuto de Autonomía de Cataluña y sus normas de desarrollo, que han resultado gravemente lesionados por las actuaciones de su Gobierno en las últimas semanas.
Asimismo, el requerimiento remitido constituye una llamada a la claridad política, para que todos los ciudadanos de Cataluña y del resto de España sepan con certeza cuál es la situación institucional entre la Generalitat de Cataluña y las Instituciones del Estado. El Presidente de la Generalitat no puede tratar así a los ciudadanos en un tema de tanta importancia. Tiene la obligación de explicarles qué ha pasado y si su voluntad es cumplir o no las leyes vigentes.
No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted denomina "conflicto histórico entre el Estado Español y Cataluña". Nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática. El único conflicto que existe en este momento en Cataluña es un conflicto de legalidad. Y sólo poniéndole fin podremos abordar las cuestiones que realmente afectan y preocupan al conjunto de los catalanes.
No es mi voluntad generar nuevos escenarios de controversia, por lo que no voy a comentar los supuestos resultados de una consulta que nunca ha sido válida, ni puedo, como Presidente del Gobierno de España, interceder, ni siquiera valorar, las actuaciones de otros poderes del Estado. Le recuerdo que todos estamos sujetos al imperio de la ley y obligados a respetar o acatar las resoluciones de los tribunales. Esa es nuestra obligación como gobernantes en un régimen democrático basado en la primacía de la ley y la separación de poderes.
Quiero aprovechar, sin embargo, su referencia a la Unión Europea, para recordarle que tanto las instituciones comunitarias como los gobiernos de los distintos estados miembros han expresado con rotundidad su posición contraria a la independencia y a la ruptura del principio de legalidad. No olvide que el Estado de Derecho y el imperio de la ley son principios fundacionales de la Unión Europea, asi como también lo es el respeto a la integridad territorial de los estados que la conforman.
Las últimas actuaciones adoptadas por usted y su Gobierno están generando una importante fractura en la sociedad catalana, asi como una enorme incertidumbre económica que pone en riesgo el bienestar de los ciudadanos. Le recuerdo que algunas agencias de calificación ya están planteando la posibilidad de que Cataluña caiga en recesión si se prolonga esta situación de inestabilidad.
No resultan creíbles sus llamamientos al diálogo en nombre del conjunto de Cataluña, cuando usted se niega a hablar con una parte importante de dicha sociedad a través de sus legítimos representantes que, siendo —como usted dice- menos en número de escaños, representan —como usted oculta- a un mayor número de ciudadanos en votos. En cualquier caso, le recuerdo que, al margen de porcentajes, uno de los indicadores que definen la calidad de una democracia es el respeto a la oposición.
Yo, por mi parte, creo poder hablar en nombre, no solo del Gobierno y del partido que le apoya, sino también de una gran mayoría de representantes del pueblo español, como se evidenció en el pleno del Congreso del pasado día 11 de octubre, que sin duda usted conoce. Allí se confirmó el apoyo a las actuaciones del Gobierno en defensa de la legalidad. Además, se brindó un espacio parlamentario para el diálogo entre todas las fuerzas políticas, incluida por supuesto, la suya. Este marco, que tiene un apoyo mayoritario, es el mejor y el más eficaz para el diálogo que usted reclama y en él pueden abordarse algunas de las demandas que usted ha venido planteando y que, como le he explicado todas las veces que ha querido dialogar conmigo, exceden con mucho mis competencias. Le invito de nuevo a comparecer ante el Parlamento y trasladar sus demandas a los legítimos representantes de la soberanía nacional, que son los únicos que pueden entender de las mismas.
Le recuerdo, una vez más, que aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento que le remití el pasado miércoles. Sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando. En caso contrario, será Usted el único responsable de la aplicación de la Constitución".
