Shakira ha publicado una carta este miércoles 4 de septiembre en la que ofrece su versión sobre la batalla legal que ha mantenido con la Agencia Tributaria española en los últimos años. En el documento, la artista acusa al organismo de manipular su residencia fiscal, actuar con "prejuicios machistas" y de intentar "quemarla en la hoguera públicamente".
En 2023, Shakira sorprendió al admitir un delito fiscal relacionado con su residencia en España entre 2012 y 2014, lo que la llevó a pagar una multa superior a siete millones de euros.
Sin embargo, en su carta insiste en que asumió esta responsabilidad "no por cobardía ni culpabilidad", sino para proteger a sus hijos y evitarles el sufrimiento de un proceso judicial prolongado y expuesto a la opinión pública. Los abogados de la cantante defendieron que Shakira fue residente fiscal en Bahamas desde 2004, algo que la acusación rebatió, argumentando que había fijado su residencia en España desde 2011.
Shakira recuerda cómo en 2023 soportó una intensa presión mediática, con cámaras siguiéndola constantemente, esperando captar cualquier signo de debilidad.
Relata que el juicio mediático que acompañó tanto su divorcio del futbolista Gerard Piqué como las acusaciones fiscales fue un espectáculo demasiado tentador para la prensa y, lamentablemente, también para algunas instituciones del Estado.
La cantante sostiene que la Agencia Tributaria manipuló intencionadamente los hechos, presentándola como una ciudadana que intentaba evadir sus responsabilidades fiscales.
Uno de los puntos más críticos de su carta es la acusación hacia la Agencia Tributaria por haber mezclado de manera deliberada su deseo de mantener una relación con Piqué, quien residía en España por motivos laborales, con una supuesta "vocación de permanencia" en el país.
Shakira enfatiza que sus visitas a España durante esos años no implicaban una intención de establecerse de manera permanente, sino que estaban motivadas por su relación sentimental, la cual le generaba "muchísimas complicaciones" en su carrera profesional, la cual la mantenía activa en diferentes partes del mundo.
"Desde el principio supe que el artificioso relato de la Agencia Tributaria confundía y manipulaba dos intenciones completamente diferentes: una era el deseo de establecerse en un país y otra, muy distinta, el deseo de que prosperara una relación que se desarrollaba en ese país", explica Shakira en la carta.
Denuncia en 2018 por delito fiscal
La Agencia Tributaria denunció a la artista en 2018 por un supuesto delito fiscal, alegando que entre 2012 y 2014 Shakira habría residido en España, lo que la obligaba a tributar en el país por la mayor parte de sus ingresos generados a nivel mundial. Hacienda sostuvo que en esos años debió haber pagado el IRPF, lo que llevó a la acusación de fraude por 14,5 millones de euros. Finalmente, Shakira aceptó una multa de 7,3 millones y evitó así una condena de prisión.
En su carta, Shakira denuncia también lo que considera un tratamiento desigual y excesivo por parte de la Agencia Tributaria, que según ella, se empeñó en presentarla como un "trofeo de caza" para recuperar su credibilidad.
Pese a cumplir con sus obligaciones fiscales en otros países, la Agencia Tributaria española examinó sus finanzas con lupa, mientras que organismos internacionales como el IRS de Estados Unidos no encontraron irregularidades en su situación financiera.
La artista recuerda que un alto funcionario de la Agencia Tributaria la criminalizó públicamente antes incluso de que comenzara el juicio, lo que considera una violación clara de su derecho a la presunción de inocencia.
Shakira también reflexiona sobre el impacto personal y financiero que este proceso ha tenido en su vida. Describe su "década española", coincidente con su relación con Piqué, como una "década financieramente perdida".
A pesar de haber ofrecido 120 conciertos en 90 ciudades alrededor del mundo, asegura que todos los ingresos generados durante ese periodo fueron absorbidos por el Estado español. Para la cantante, el acuerdo firmado en 2023 no fue una aceptación de culpa, sino una medida necesaria para proteger a sus hijos y permitirles continuar con sus vidas sin el peso constante de las acusaciones sobre sus hombros.
