Al constar registrada como una fundación 'sin ánimo de lucro' los socios de la 'Fundación Francisco Franco' (FFF) disfrutan de deducciones fiscales de hasta el 75%. Según informaciones publicadas en su propia web, acompañado del primer donativo de 150 euros o más (con un máximo de 600 euros), se aplica dicha deducción "si se donan 150 euros, Hacienda les financiará 112,5 euros, y su coste real será de solo 37,5 euros" explican en su portal online.
La sociedad franquista aprovecha así la polémica alrededor de la exhumación, para captar miembros y publicitarse. Las desgravaciones anunciadas por la fundación se encuentran recogidas en la Ley 49/2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo, por tanto, "a la participación privada en la realización de actividades de interés general", tal y como se autodescriben.
Sorteando la ilegalización
Según la norma jurídica anteriormente mencionada, las exenciones son válidas para las personas físicas o jurídicas que hagan donativos o sean socias de fundaciones, ONG, asociaciones declaradas de utilidad pública, federaciones deportivas, universidades públicas o el Instituto Cervantes, entre otros organismos.
En principio, el interés general que menciona la ley, se vería obstaculizado por la actividad de la FFF, de carácter fascista. Sin embargo, en su página web, con el objetivo de esquivar la ilegalización, la sociedad describe sus funciones como "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde."
Esto es tomado como una medida para escapar de una futura reforma y aplicación de la Ley de Memoria Histórica propulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, que supondría ilegalizar las fundaciones de carácter fascista.
Llamamiento a 'un nuevo alzamiento'
El pasado mes de junio, ante las medidas del Gobierno, el presidente de la fundación, el general Juan Chicharro Ortega, publicó un editorial titulado '¡18 de julio!'. En él, se argumenta la necesidad de "un nuevo alzamiento". "Hoy, como en 1936, hace falta un movimiento revolucionario"señala.
Todos estos gestos podrían ir en contra de la Ley de Memoria Histórica. Un documento que aprovechó el gobierno de Pedro Sánchez al acceder a La Moncloa para plantear el cierre de la organización. Sin embargo, con el paso del tiempo ha terminado reculando, aunque la exhumación de Franco del Valle de los Caídos ya no tiene marcha atrás.
