La investigación en la Asamblea de Madrid sobre VOX por activar un escaño vacío y votar en nombre de otro diputado cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional. En un caso similar en 2006, el Parlamento Vasco sancionó a Carlos Iturgaiz (PP) por registrar a un representante ausente.
En esta ocasión, dos diputados de extrema derecha están bajo escrutinio. Íñigo Henríquez de Luna admitió activar el escaño de un diputado dimitido para sentarse en el pleno junto a la portavoz del partido. Rocío Monasterio, por su parte, habría votado en nombre del ausente en al menos una ocasión, según se observa en el vídeo de la sesión.
Así ocurre todo
El 25 de enero Ruiz Bartolomé, mano derecha de Monasterio en la Cámara, deja su escaño para volver a la actividad privada. VOX tiene una semana para reemplazarle antes del primer pleno del nuevo periodo de sesiones. Tampoco es que sea urgente: el PP tiene mayoría absoluta y su presencia no cambiará nada.
Pero el 31 de enero, un día antes de la celebración del pleno, Pablo Gutiérrez de Cabiedes renuncia a su escaño aumentando la crisis de un partido inmerso en múltiples controversias recientes. Así, VOX llega al pleno sin que su nuevo diputado, Javier Pérez, haya asumido su cargo, dejando una silla vacía y un voto menos.
De esta forma se llega al 1 de febrero. Al final del pleno, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio (PP), advierte que un diputado ha activado involuntariamente dos escaños distintos antes de las votaciones. Aunque restó importancia al incidente, la controversia surgió cuando los servicios técnicos de la Cámara descubrieron que se había votado desde el escaño de Ruiz Bartolomé, que ya no era diputado y no había sido reemplazado por VOX.
No es hasta el 5 de febrero cuando Ossorio opta por iniciar una investigación y todas las miradas se centran en Monasterio. Esto se debe a que Henríquez de Luna confiesa en la junta de portavoces que activó dos escaños como presentes. Su intención era evitar que el asiento al lado de Monasterio quedara vacío, lo cual sería poco estético ante las cámaras, aunque finalmente regresó a su propio escaño. La líder, por su parte, insinúa haber votado en varias ocasiones, aunque no lo confirma explícitamente.
"Son cosas de la tecnología", se burla durante una conferencia de prensa, mientras se describe rápidamente presionando y soltando botones para intentar desactivar el escaño. Sin embargo, nadie encuentra el asunto divertido en el Parlamento. Mucho menos el PP, que ve una oportunidad ideal para saldar cuentas con su antigua aliada, o en la oposición de izquierda, donde Más Madrid presenta una solicitud para suspenderla como diputada durante 30 días.
Precedentes fuera de la región
Nunca antes se había registrado un incidente similar en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, hay precedentes fuera de la región, como en el País Vasco. En 2003, el Parlamento sancionó a Carlos Iturgaiz con un mes sin poder ejercer sus derechos por activar el indicador de presencia en la Cámara de su compañero Jaime Mayor Oreja.
El Parlamento consideró que los actos del diputado del PP violaban el principio de indelegabilidad del voto al activar la presencia de Mayor Oreja cuando este no estaba presente en el hemiciclo. Además, se percibió como una alteración intencionada del normal desarrollo de las votaciones y una violación de principios básicos para la formación de la voluntad legislativa, razones por las cuales se le impuso la sanción.
Sin embargo, Iturgaiz siempre defendió que no había un doble voto, lo que, en su opinión, hacía injustificable el castigo. Buscó el respaldo del Tribunal Constitucional, pero no lo encontró. El alto tribunal determinó que su acción había alterado el número de parlamentarios que decidían la mayoría en al menos tres votaciones. Según el Constitucional, al presionar el botón que no le correspondía y registrar como presente a un diputado ausente, Iturgaiz violó el deber de respetar los procesos y mecanismos de votación, a pesar de que afirmó que nunca votó en nombre de Mayor Oreja.
¿Qué pasará en Madrid?
El presidente de la Asamblea previsiblemente encargará un informe a los servicios técnicos para determinar cuándo, quién y cuántas veces votó indebidamente. Esa misma petición, señala una fuente parlamentaria con varios quinquenios de experiencia en su hoja de servicios, ya señalaría que la institución tomará cartas en el asunto. Los posibles culpables, señala un portavoz del Parlamento, se arriesgan a una sanción de entre 15 y 30 días.
La reunión de este viernes 9 de febrero de la Mesa, el organismo que dirige el día a día de la Asamblea, determinará próximos pasos que se deben seguir. Así, puede dejar la posible sanción en manos de la propia Mesa, o derivar el asunto a la comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, para que nombre un diputado encargado de instruir el caso.
