La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) calcula que el número de hogares que podían beneficiarse de la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se mantiene en 284.000 hogares. Esto se traduce como el 35% de los 800.000 hogares que, según cálculos iniciales del Ministerio de Inclusión, podrían recibirlo, con datos hasta diciembre de 2022.
De estos hogares, hay algunos que han recibido esta ayuda de manera indebida por culpa de un error de la Seguridad Social. Según una estimación de la AIREF, el fallo podría afectar a 48.000 familias, a las que se les pedirá la devolución de lo que se ha recibido de forma indebida.
Devolver 2.500 euros de una sentada
El error viene provocado por un retraso en los datos fiscales, que impide al Ministerio hacer una valoración correcta y que provoca que a muchos de quienes se les reconoció inicialmente la ayuda superen los requisitos económicos para ser beneficiario de la prestación. La Autoridad Fiscal ha hecho público el dato de que la media de las devoluciones a las que se deberán enfrentar esas 48.000 familias es de 2.500 euros, una importante cantidad para familias que, en cualquier caso, no les sobra el capital.
El organismo encargado de gestionar la recuperación del dinero que las familias han cobrado indebidamente es la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), a la que se le envía a deuda para que inicie el procedimiento general de recaudación.
El plazo, todavía por confirmar, será dictado por el propio TGSS, que será el encargado de asegurar que las familias que han recibido de manera errónea la subvención devuelvan los 2.500 euros.
¿Qué es el IMV?
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
Los beneficiarios que reciban esta prestación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deben saber que se cobrará siempre y cuándo se sigan manteniendo los requisitos que dieron lugar a su aprobación. Es decir, se cobra de manera indefinida, sin duración máxima de tiempo.
