Con la llegada del proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso y la búsqueda de apoyos para sacarlo adelante, vuelve a colocarse sobre la mesa la reforma del delito de sedición, compromiso que el Gobierno adquirió a comienzos de la legislatura y que ahora ha servido al PP para volver a bloquear la reforma del CGPJ.
El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.
Las penas previstas van desde los diez a quince años en el caso de que los cometan autoridades, mientras que para el resto, según el artículo 545 del mismo texto legal, "los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años". En el caso de autoridades y resto de ciudadanos, se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. El artículo 545 continúa diciendo que "fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años".
Sedición en Europa
Aunque la sedición y la rebelión no se encuentran de manera idéntica en otros ordenamientos jurídicos, es posible encontrar delitos equiparables en los países europeos de nuestro entorno. Mientras que en los delitos de rebelión encontramos penas de cárcel mayores a las que se aplican en España, el delito de sedición conlleva penas más leves.
- En Portugal se estipulan penas de diez a veinte años para las autoridades que abusen de su posición e intenten separar una parte del territorio, aunque sea sin violencia. También prevé condenas de entre uno y ocho años de cárcel por resistencia en el artículo 333 y de hasta tres años en el artículo 334 en caso de algarada para perturbar el funcionamiento constitucional.
- En Francia se prevén penas de especial gravedad: cadena perpetua para los responsables de los ataques a los intereses fundamentales de la nación, entre los cuales se encuentra la integridad territorial. El delito equivalente de resistencia se regula en los artículos 433 al 426 de su código, con prisión de dos años de multa que sube a tres años si el delito se comete en grupo.
- En Italia, existe un mínimo de doce años de prisión para los ataques violentos contra la integridad, independencia o unidad del país. La instigación a desobedecer la ley conlleva penas de entre seis meses y cinco años de prisión.
- En Alemania se castiga por alta traición al que con fuerza o amenaza de fuerza socave la existencia de la República Federal o al que actúe para cambiar el orden constitucional. Las penas van de un mínimo de diez años a la cadena perpetua. Pero en los delitos de quebrantamiento de la paz pública las penas no superan los tres años.
- En Bélgica el atentado que tenga por objeto destruir o cambiar la forma de Gobierno o el orden de sucesión al trono se castiga con una pena de 20 a 30 años. La rebelión cometida en reunión en el artículo 269 del Código Penal belga habla de una pena entre tres meses de prisión y diez años.
- En Suiza, los delitos contra el Estado o la Constitución son de menos de un año, pero la resistencia grave se pena en el artículo 285 de su Código Penal con tres años incluso si se producen con alzamiento.
