José Couso, cámara de Informativos Telecinco y padre de dos hijos, se trasladó a Bagdad en 2003, poco antes del comienzo de la guerra. El 8 de abril, un tanque estadounidense disparó contra el Hotel Palestine donde se alojaban una gran multitud de periodistas. El español fue gravemente herido y falleció poco después en el hospital.
Comenzó así una lucha por parte de la familia para exigir justicia, y 15 años de trabas por parte de los gobiernos de España y Estados Unidos para evitar que la situación se aclarase de una vez por todas. Nos adentramos en el caso Couso.
El "desprecio" del PP de Aznar
José María Aznar, por aquel entonces presidente del Gobierno y firme defensor de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, mantuvo una frialdad y desconsideración con respecto a la familia de Couso que estos no olvidan. Su hermano David habla de "desprecio"; su tío Rafael, de "cinismo, dejadez y vileza".
Este último cuenta en Diario de Ferrol su conversación con Mariano Rajoy, por aquel entonces vicepresidente del Gobierno, poco después de que se produjeran los hechos: "Me presentó un informe militar inverosímil y le dije: 'Esto no lo firmaría ni el cabo más tonto del Ejército español'. Me respondió, casi tartamudeando: 'Yo, es que de estas cosas, no entiendo nada...'".
"En un momento de la conversación, le planteé: 'Si yo fuese el oficial español que hubiese disparado y matado a un periodista estadounidense en una guerra, mi cabeza estaría hoy en Washington en bandeja de plata. Pero ustedes dan por buena una increíble versión de los americanos.' No supo qué contestarme...", explica.
El informe del que habla Rafael fue perfilado desde los días posteriores a la muerte de Couso hasta seis meses después por parte del Gobierno de EEUU. En él se justificaba el bombardeo al hotel alegando que en él se encontraba un oteador iraquí que estaba dando información sobre las coordenadas exactas de las tropas estadounidenses. Por tanto, no hubo "ninguna falta o negligencia", según el Pentágono. "La responsabilidad del incidente recae en un enemigo que eligió combatir en una ciudad, exponiendo innecesariamente a la población civil, incluidos los periodistas, a los riesgos de la guerra". El Gobierno de Aznar apoyó esta teoría.
Los vaivenes judiciales
La presencia cada martes de la familia de Couso en la sede del PP exigiendo justicia ("nadie nos atendió", cuenta su hermano David en Público) no hizo cambiar la postura de los populares. Sin embargo, por vía judicial el caso progresaba gracias al empeño del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que incluso en 2005 ordenó la detención internacional de tres militares norteamericanos como presuntos responsables de la muerte de Couso. Sin embargo, poco después el fiscal Pedro Rubira recurrió la decisión.
Comienzan así años de constantes idas y venidas y de torpedeos por parte de los fiscales generales del Estado, de otros jueces y del Gobierno del PSOE. Tras cerrarse y abrirse el caso una y otra vez, las filtraciones de Wikileaks de 2010, en las que se verifican las presiones por parte de Estados Unidos a España para que se dejase de investigar el caso Couso, permiten a Pedraz acudir al lugar de los hechos para confirmar si fue un 'acto de guerra', como aseguraban los tribunales y los gobiernos de ambos países, o un episodio intencionado.
El juez de la Audiencia Nacional, tras un extenso estudio de la zona, se decantó por lo segundo, y acusó a EEUU de orquestar una operación militar contra los periodistas que informaban de manera independiente.
Una reforma que tiró por la borda todo el proceso
Cuando parecía que finalmente podía resolverse el caso, el Gobierno de Mariano de Rajoy, aquel vicepresidente que en 2004 decía que de estas cosas no entendía nada, aprobó en 2014 la reforma de la Justicia Universal, que restringía sobremanera las posibilidades de investigar un delito cometido fuera de las fronteras españolas.
La familia tuvo que empezar prácticamente de cero. Rápidamente llevó a cabo una respuesta ante el Supremo, quien en 2016 confirmó el sobreseimiento de la causa. El recurso de amparo por parte de los familiares fue admitido meses después por el Tribunal Constitucional, aunque todavía sin respuesta.
15 años han pasado ya desde aquel trágico suceso, y la familia todavía no ha obtenido la justicia que exigía en sus manifestaciones de 2003, pero mantienen la esperanza. Mientras, en la jornada del 8 de abril se llevará a cabo una concentración frente a la embajada de EEUU en Madrid bajo el lema '15 años con Couso, investigación y justicia'.
