El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado el plan de vacunación contra el coronavirus, que se ha elaborado en colaboración con ocho comunidades autónomas, pero fija una estrategia común para toda España. No será obligatoria y se dispensará en la sanidad pública gratuitamente: "Nuestro país tiene una buena tradición de vacunación", ha defendido Salvador Illa.
Sanidad establece 18 grupos de población que irá priorizando en función de la disponibilidad de la vacuna. Hay cuatro tipo de riesgo que se establecen como baremo: riesgo de mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y transmisión de la enfermedad. Sobre estos criterios, los primeros en recibir la vacuna serán los residentes y personal de residencias de ancianos. Después, el resto del personal sanitario. Y grandes dependientes no institucionalizados. Ellos recibirán las vacunas en enero.
El plan tiene "dos objetivos principales, reducir lo máximo posible que la población enferme y que estemos listos para vacunar desde le momento en que empecemos a recibir dosis", ha explicado Illa. El ministro asegura que no habrá problema para recibir una vacuna a lo largo de los próximos meses: "Calculamos que recibiremos 140 millones de dosis, para inmunizar a 80 millones de ciudadanos. Obviamente, más de la población que tenemos en nuestro país".
Sanidad ha aclarado que la mascarilla seguirá utilizándose durante todo 2021 y que las medidas se mantendrán independientemente de las vacunas. Además, este proceso será largo y con muchas incógnitas, como cuánto dura la inmunidad.
Grupos de riesgo
Los primeros grupos que recibirán la vacuna serán, como hemos comentado, los ancianos que viven en residencias y sus cuidadores, los médicos y enfermeros que trabajan en primera línea contra la infección y las personas dependientes con graves discapacidades.
Posteriormente, se incluirá a los mayores de 70 años y enfermos crónicos con patologías que pueden complicar la evolución del coronavirus. En este grupo se encuentran las personas con cáncer, pacientes con enfermedades respiratorias, renales, cardíacas o que comprometen su sistema de defensa.
A la hora de elegir entre personas con el mismo grupo de riesgo, se priorizará a aquellas con peor evolución en caso de contraer el nuevo coronavirus, tanto por edad como por todas las enfermedades asociadas. También se tendrá en cuenta el riesgo de transmisión a terceros, en el caso de los cuidadores.
El tercer grupo en vacunarse será el personal de servicios esenciales, como la policía o los bomberos. La estrategia piensa también en la sostenibilidad de la economía e incluye a los grupos que no pueden teletrabajar como los taxistas, repartidores o camareros.
Criterio ético: compensar lo sucedido durante la primera ola
El criterio propuesto por los técnicos intenta compensar lo sucedido durante la primera ola, cuando hubo cierto utilitarismo y se descartaba en las UCI a ancianos y personas con patologías frente a jóvenes o personas con mejor evolución. Ahora, el objetivo es claro: primero proteger a los débiles y, posteriormente, a los demás.
La ética primará en esta ocasión, donde las medidas de contención se mantendrán a rajatabla hasta que toda la población esté inmunizada, aunque se priorizará a los empleados que por sus funciones no pueden optar por el teletrabajo para evitar el coronavirus.
El Gobierno cuenta con vacunar al 70% de la población, la proporción necesaria para adquirir una inmunidad de rebaño. Solo entonces dejaría de circular el virus, de manera que la población estaría vacunada en los seis primeros meses del 2021.
El documento cuenta con un centenar de páginas y afronta la mayor campaña de vacunación que se ha afrontado en España. Se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además de señalar quién se vacunará primero, detalla cómo se distribuirá también entre comunidades. También se aclara si se hará con un criterio equitativo, si se enviarán a las localidades con más casos o con mayor población envejecida.
