Con la vacunación con velocidad de crucero, la retirada progresiva de las mascarillas y la consiguiente vuelta a la normalidad, el Gobierno retoma su hoja de ruta social planificada desde el inicio de la legislatura. Uno de los proyectos más ambiciosos se encuentra en la incorporación del servicio bucodental al Sistema Nacional de Salud (SNS), una tradicional reivindicación de los colectivos a favor de la sanidad pública.
Dicha reforma incluirá la gratuidad del dentista, actualizará las patologías de cribado y sumará algunos implantes. Una de las grandes valedoras de esta reforma es la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en un plan que para el que se plantean 49 millones de euros de presupuesto.
El plan del Gobierno ya se planteó durante los primeros meses de la pandemia. Durante el cierre de Dentix, la red privada que quebró dejando a miles de pacientes sin tratamientos finalizados, el ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU-Unidas Podemos), afirmó que este tipo de problemas iban a desaparecer con la consolidación de una red pública: "Esto es lo que resuelve el problema de raíz", afirmó en diciembre de 2020 en el pleno del Senado.
Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha acaparado todos los recursos y la atención del Ministerio de Sanidad durante los últimos meses, motivo por el que este plan ha quedado en cierta medida paralizado hasta la fecha. Ahora podría tomar impulso, intentando unificar los criterios entre Comunidades Autónomas para establecer unos servicios mínimos (no hay que olvidar que las competencias están transferidas y hay criterios muy diferentes entre las distintas Administraciones).
Actualmente hay servicios mínimos: ¿Hacia dónde virará el servicio?
La sanidad pública cubre actualmente un mínimo en cuanto a salud bucodental: procesos agudos, como inflamaciones, infecciones, revisiones para mujeres embarazadas o extracciones (también quirúrgicas) de piezas que no están sanas.
La intención del Ejecutivo busca ir incorporando progresivamente los servicios que considere fundamentales y asumibles para las arcas públicas, sobre todo en un momento en el que España recibirá 72.000 millones de euros en subvenciones en el marco del plan NextGeneretionEu, los conocidos como Fondos de Reconstrucción.
Sin embargo, la partida de 49 millones de euros se considera insuficiente por parte de los colectivos. No hay que olvidar que cada español está pagando una media de 305 euros anuales por tratamientos dentales, con la consiguiente barrera para aquellos que cuentan con menos recursos.
Mientras que el 57% de los europeos acuden al dentista una vez cada año, esta cifra se reduce en nuestro país hasta el 43%. Todo ello se une a que un 95% de los adultos españoles tiene caries y 8 de cada 10 sufre enfermedades periodontales, según indica el último Eurobarómetro.
En todo caso, la prevención siempre supone un gran ahorro en todo lo relacionado con la salud bucodental. Una revisión permite evitar una enfermedad grave a nivel bucodental y el tratamiento de una caries, por ejemplo, es mucho más barato que el de un injerto o endodoncia.
También hay propuestas para la incorporación del dentista a la Seguridad Social. El Colegio General del Dentistas, por ejemplo, apuesta por seguir los modelos de Francia o Alemania, es decir, comenzar por los más vulnerables para ir incorporando, posteriormente, a la población general. En esta primera categoría entrarían los niños, ancianos o las personas con diversidad funcional.
